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El gobernador Axel Kicillof ya tiene su ley de leyes, en una maratónica sesión que terminó esta madrugada en ambas cámaras legislativas. El texto definitivo muestra algunas sorpresas, cambios de denominaciones en programas y un alivio para muchos municipios.

El texto aprobado de madrugada en Diputados y, horas más tarde, en la Cámara Alta, incorpora algunas novedades respecto del aprobado en 2022, además de algunas cuestiones centrales para los intendentes.

Por ejemplo, el proyecto definitivo incluye el monto destinado a obras en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, aunque ya no bajo la denominación de Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) sino como Programa Municipios a la Obra, siguiendo la lógica de campaña de la comunicación oficial (vale recordar otras iniciativas como Escuelas a la Obra, como muestra).

Así, el artículo 49 de la norma exprea: «Créase para el Ejercicio 2023 el Programa Provincial Municipios a la Obra, por hasta la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 45.500.000.000), destinado a los Municipios para financiar obras de infraestructura. En ningún caso el Municipio podrá utilizar los fondos percibidos en gastos corrientes».

El texto establece las nuevas condiciones para la transferencia de fondos a los municipios, uno de los principales cuestionamientos de la oposición en referencia a lo ocurrido este año, cuando los giros se hicieron con un gran retraso por cuestiones burocráticas. En tal sentido, los intendentes de la UCR y el PRO aseguraron que ese dinero, enviado meses después, impedía cumplir con las obras programadas porque la inflación les «comía» los fondos.

Luego de una extensa negociación en los días previos, finalmente se estableció «un TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo antes del 31 de marzo de 2023 y un DIEZ POR CIENTO (10%) adicional antes del 30 de abril de 2023 previa presentación por parte del Municipio del acta de inicio de la obra. El porcentaje restante quedará supeditado a las declaraciones juradas -con la documentación respaldatoria que establezca la reglamentación- que presenten los Municipios a la Autoridad de Aplicación y a la acreditación de la aplicación de los recursos ya transferidos».

A esta cifra, destinada a obras de infraestructura, se suman otros $ 11.000 millones del “Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados», con el objeto de «fortalecer las políticas de seguridad provincial, priorizando la inversión en la adquisición de vehículos policiales, demás gastos de capital vinculados con el objeto del Fondo y obras de infraestructura de seguridad». No se hace mención al porcentaje que deberán destinar a compra de patrulleros, un punto cuestionado por los jefes comunales que entienden que hay distritos que no necesitán más vehículos y, por ende, podrían destinar más fondos a otros elementos como iluminación o cámaras de seguridad.

En cuanto a las trasferencias, la norma votada ayer establece que «un TREINTA POR CIENTO (30%) será en concepto de anticipo antes del 31 de marzo de 2023, un DIEZ POR CIENTO (10%) adicional antes del 30 de abril de 2023, un TREINTA POR CIENTO (30%) antes del 30 de junio de 2023 y el TREINTA POR CIENTO (30%) restante al 31 de octubre de 2023».

Entre ambos fondos (Obras y Seguridad) suman 56.500 millones para las comunas, un número que se aproxima a los $ 60.000 millones acordados por los legisladores y los alcaldes de Juntos con el Gobierno (habían arrancado con una demanda de $ 82.000 millones y una oferta de $ 52.000 millones) si se consideran otros $ 2.500 millones en concepto de compensación por inflación respecto de los fondos de 2022. Y un ítem más: habrá otros 1.500 millones de pesos para compensar la modificación del Código Unico de Distribución (CUD) respecto del que rigió el año anterior.

El texto definitivo prevé la compensación mencionada, especificando que «en ningún caso la variación porcentual de los coeficientes únicos de distribución entre las Municipalidades puede implicar para un municipio una merma mayor al cinco por ciento (5%), comparando el último Coeficiente Único de Distribución (CUD) aprobado con el que surja de calcularlo de acuerdo a los nuevos datos informados por las reparticiones oficiales pertinentes».

«Los ajustes que se requieran en los municipios cuyo coeficiente disminuya más del cinco por ciento (5%), serán cubiertos por todos los municipios que presenten incrementos en el CUD, de manera proporcional, teniendo en cuenta la participación relativa que representa el incremento individual en relación a la suma de todos los incrementos», menciona. Es decir, recortan a los que les aumenta por encima de ese porcentaje para darle a los más perjudicados.

Para el 2023 se regresa a un sistema de distribución que se compone del CINCUENTA POR CIENTO (50%) aplicando el Coeficiente Único de Distribución Ley Nº 10.559 (texto ordenado según Decreto N° 1.069/95) para 2023 y para el restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) conforme a los ingresos corrientes percibidos durante el ejercicio 2019. Es decir, cifras pre pandémicas.

Una vez más, el Presupuesto prevé, previa solicitud del intendente, modificar los cronogramas de devolución del «Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal».

En tal sentido, la normativa señala que los municipios «contarán con un período de gracia hasta el 1° de diciembre de 2023. Agotado el periodo de gracia, dichos cronogramas de devolución podrán extenderse hasta dieciocho (18) meses, superando el ejercicio fiscal».

FUENTE: La Tecla