Contrabando a Bolivia: documentos y declaraciones apuntan a altos exfuncionarios de Cambiemos.
El juez López Biscayart tiene registros oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra ilegal de armamento al país vecino en 2019 estuvieron involucrados exministros como Aguad y Bullrich.
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), informaron fuentes con acceso a esa documentación.
El escenario probatorio se completa, al menos hasta acá, con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra; lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.
Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que «fue aceptada como querellante en la causa» la Aduana, que tiene un rol fundamental en la investigación para determinar el derrotero del material que según las denuncias fue enviado a Bolivia.
Detalles de los documentos
Entre los documentos presentados a la justicia se encuentra el manifiesto de carga del Hércules que partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13.
Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.
Parte de los materiales enviados a Bolivia.
Una nota del mismo 12 de noviembre firmada por el entonces jefe de las fuerzas especiales «Alacrán», el comandante mayor Fabián Salas, y dirigida al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, confirma que se habrían incorporado al vuelo las municiones y gases que «son utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público».
Esa nota en la que se indica que, por fuera del manifiesto de carga, se incluirían en el vuelo las 70 municiones antitumulto, 100 spray de Gas Lacrimójeno y casi 600 granadas de gas dejaría en situación comprometida a Aguad y Bullrich.
Declaraciones del Ministerio de Defensa
En declaraciones radiales de esta mañana, el ministro de Defensa Agustín Rossi señaló que fue aportada a la justicia «toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen de la Misión Naval de Argentina en Bolivia».
«Allí se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado», señaló Rossi al hablar con Radio el Destape y confirmó además que hubo «un pedido verbal» de su antecesor, Aguad, para que se cargara el material represivo en el Hércules C-130.
«Se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios y las granadas. Una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y otra a la Policía Boliviana», reveló el ministro. Esa información surgió de la declaración de una autoridad castrense en el marco de una reconstrucción interna realizada por la cartera de Defensa, según pudo reconstruir Télam.
El Gobierno nacional avanza además en la reconstrucción, a través de investigaciones internas, del recorrido completo que habrían seguido los elementos represivos que, según fuera denunciado, el gobierno de Mauricio Macri puso a disposición de las fuerzas de seguridad bolivianas que enfrentaron las protestas sociales desatadas tras el golpe de estado al gobierno de Evo Morales.
«Lo que pasó es de una gravedad mayúscula. El delito de contrabando está probado, y el engaño a las autoridades de control partió desde las máximas autoridades del país»JUAN MARTÍN MENA
Una nota fechada el 17 de noviembre de 2019 indica que el comandante de Gendarmería Hector Caliba informó al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock», según surge de la denuncia.
Patricia Bullrich, una de las involucradas.
«El nivel de documentación encontrado en todos los organismos permite reconstruir que el arsenal, en vez de ir a Bolivia a custodiar a la Embajada -argentina- fue a manos de las fuerzas que derrocaron a Morales», afirmó el ministro de Justicia Martín Soria en un reportaje que concedió a una radio porteña.
«El contrabando es claro. El arsenal se sacó de manera burda y torpe y se usó en la represión en Bolivia. Días después que salió el armamento, hubo dos masacres. Enviaron armas y municiones para garantizar una asonada en un país hermano», enfatizó.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo en declaraciones a Radio10 que «lo que pasó es de una gravedad mayúscula» y aseguró que «el delito de contrabando está probado, y el engaño a las autoridades de control partió desde las máximas autoridades del país».
«Se halló documentación que viene a demoler las excusas de las autoridades políticas (del gobierno de Cambiemos) de que el material se había consumido en entrenamiento de los gendarmes. Con el golpe ya consumado hubo un pedido de municiones a la Argentina y eso lo informa un gendarme desde Bolivia, y Bullrich y Macri toman la decisión de asistirlos de manera ilegal», afirmó Mena.
Oscar Aguad también deberá aclarar la situación.
El rol de la Dirección General de Aduanas (DGA)
En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP se constituyó este jueves como querellante en la causa donde se investiga el posible delito de contrabando agravado en el envío de armamento y material controlado a Bolivia, que lleva a delante el juez López Biscayart y en la que interviene el fiscal Claudio Navas Rial.
«La decisión de la DGA que encabeza Silvia Traverso sumará la expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y Mercedes Marcó del Pont», se informó a través de un comunicado.
Horas después se supo que la Justicia aceptó a la Aduana como querellante en el proceso.
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