El país vecino profundizó su investigación interna y aseguró que se está a punto de identificar «qué funcionarios acudieron al aeropuerto» a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
El escándalo por la sospecha de que el Gobierno de Mauricio Macri colaboró con el golpe de Estado realizado en Bolivia en el 2019 para derrocar al expresidente Evo Morales cobró mayor volumen este miércoles con la confirmación oficial de que parte del material represivo enviado irregularmente por Cambiemos «continúa en los depósitos» de la policía boliviana, sin documentación que «respalde» esos pertrechos.
Además, Bolivia profundizó su investigación interna y aseguró que se está a punto de identificar «qué funcionarios acudieron al aeropuerto» a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, enviado en el 2019 en momentos en que el país andino sufría un golpe de Estado, que derrocó a Morales y puso ilegalmente en el poder a Jeanine Áñez, actualmente presa.
En breve, se identificará qué funcionarios acudieron al aeropuerto a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina
La severidad de un supuesto apoyo con municiones a quienes violentaron la democracia de Bolivia quedó sintetizada este miércoles en las palabras del vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, quien reflexionó: «Es grave haber colaborado con un Gobierno golpista, que masacró manifestantes, pero más grave es ayudar a los golpistas a llegar al Gobierno».
El caso se conoció días atrás cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el Gobierno de Macri envió material antitumulto a ese país, que fue utilizado para reprimir las protestas sociales ocurridas durante el atropello institucional cometido contra Evo Morales.
«El Gobierno de Mauricio Macri le dio a las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) munición para reprimir las protestas del 2019 y días después de ese hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata», declaró Mayta en una conferencia de prensa.
Ante este escenario, el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros denunciaron esta semana ante la Justicia a las autoridades del Gobierno de Macri por el envío de material represivo.
Además, en nombre del pueblo argentino, el Presidente pidió disculpas a los ciudadanos bolivianos.
Este miércoles el comandante general de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que parte del material represivo «continúa en los depósitos de la institución» y aclaró que «no existe documentación alguna que respalde esos pertrechos»,
En tanto, anticipó que «se va a identificar qué funcionarios acudieron al aeropuerto» a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
«Existió claramente contrabando (…) «Bullrich debería ir presa por esta lamentable situación en la que embarcó al país». ARIEL BASTEIRO
Aguilera informó que, según disposición del ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, se realizará en el aeropuerto Internacional de El Alto la reconstrucción de la llegada del material desde la Argentina con el objetivo de identificar a los responsables de recibir estas municiones.
De acuerdo con información preliminar, entre el material conservado en un depósito de la Policía Boliviana hay granadas de gas, gases pimienta y munición calibre 12/70, entre otras.
El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, remarcó que «existió claramente contrabando» y responsabilizó al Gobierno de Cambiemos, especialmente a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, a su entender, «debería ir presa por esta lamentable situación en la que embarcó a todo el país».
En diálogo con C5N, Basteiro dijo que ya hay «elementos más que ciertos y concretos para imputarla (a Bullrich) en la causa» y evaluó que su gestión al frente del ministerio desarrolló «un modus operandi en el que se creía impune» y que «fue responsable de muchas muertes dudosas, como las de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y de avalar que la policía dispare por la espalda».
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró «imposible» que Bullrich o el exministro de Defensa de Cambiemos, Oscar Aguad, desconocieran el envío de material represivo a Bolivia.
«Lo que quedó muy claro es que (el expresidente Mauricio) Macri puso a varios de sus ministros encabezados por Bullrich a coordinar una operación que requirió la intervención de muchas agencias del Estado nacional», afirmó Frederic en diálogo con Radio El Destape.
En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad consideró como «imposible» que una acción tan coordinada llegue a destino «sin una orden política superior».
Para el expresidente de Bolivia Evo Morales, Macri y los responsables del envío de material represivo a su país «deben ser juzgados en Argentina, en Bolivia o en una Corte Internacional».
«Estoy convencido de que deben ser juzgados legalmente, si corresponde que sean extraditados o no, lo verá la Justicia argentina o la boliviana, pero no puede en el futuro existir presidentes de países vecinos que sean golpistas. Para eso, hay que juzgarlos. También podría intervenir la Corte Penal Internacional, se verá, pero hay que hacerlo», insistió, en un reportaje concedido este miércoles a El Destape Radio.
Por otra parte, cuando le preguntaron qué le diría a Macri si pudiera hablar con él, Morales respondió: «Nunca hablaría con gente que le hace mucho daño a la vida y a la democracia».
Este martes, el exmandatario de Bolivia afirmó que sufrió un golpe de Estado con «apoyo externo con Estados Unidos a la cabeza», similar a «un Plan Cóndor del siglo XXI», y aseveró que existen pruebas que involucran a Macri con la asonada ocurrida en Bolivia en noviembre de 2019.
Laborde, vicepresidente del Parlasur, mencionó también que existen «indicios» sobre la posibilidad de que Cambiemos haya ayudado «con anterioridad a los golpistas» bolivianos a llegar al Gobierno y adelantó detalles de participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad argentinos.
«Los indicios son que dos años antes (del golpe de Estado de 2019) se envía otro agente de inteligencia. Se mandó un segundo (agente), no se sabe bien por qué», detalló en diálogo con FM La Patriada y agregó que antes de eso se registró la salida de un avión desde Jujuy «que no pasó por las revisiones correspondientes» y se sospechaba que «llevaba recursos», al igual que un «un reenvío de cables a Cancillería» que probarían el accionar del consulado.
Laborde subrayó que existe por lo menos una «actuación de tres Gobiernos» en el golpe de Estado boliviano: el de Macri, el del brasileño Jair Bolsonaro y el del ecuatoriano Lenin Moreno.
En tanto, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó que «legalmente existe la posibilidad» que la Justicia de su país ordene extradiciones, interrogatorios y procedimientos fiscales a exfuncionarios argentinos que hayan participado del envío de «material represivo» a la Nación andina durante noviembre de 2019.
Mayta evaluó que hasta ahora solo se puede ver «la punta del iceberg» en una investigación que muestra la vinculación internacional que consolidó al Gobierno de facto de Jeanine Áñez, actualmente detenida en Bolivia acusada del delito de sedición.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró «imposible» que Bullrich o el exministro de Defensa de Cambiemos, Oscar Aguad, desconocieran el envío
«Esa consolidación fue realizada y pensada a través de vencer y derrotar al movimiento popular mediante operaciones militares policiales de represión a la protesta social con uso de armamentos», detalló.
En ese sentido, Mayta indicó que para llevar a cabo estas operaciones resultó necesario el envío de material represivo desde Argentina, algo que se agradeció en una «nota escrita» enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la Embajada argentina en La Paz, el 13 de noviembre de 2019.
Frederic juzgó que hubo «dos circuitos paralelos» en los envíos de armamento, uno legal y otro ilegal y no descartó que unas 30 mil municiones que no figuran en la carta de agradecimiento de Bolivia hayan terminado en manos de grupos paramilitares o «en las mismas fuerzas armadas o la policía» boliviana.
