Dr. Mario Juliano
Año a año, y siguiendo la información oficial generada por el Ministerio Público bonaerense analizamos los datos que se desprenden de los delitos ocurridos y las personas privadas de la libertad en el Departamento Judicial Necochea, integrado por los partidos de Lobería, Necochea y San Cayetano.
Las estadísticas informan la situación a 31 de diciembre de 2019 y para extraer algunas conclusiones, realizaremos el comparativo de los datos interanuales (a la misma fecha de 2018).
1. Los delitos ocurridos en 2019 y su comparación con los registrados en 2018.
La información corresponde a la cantidad de Instrucciones Penales Preparatorias iniciadas en el curso de cada año, originadas tanto en denuncias de particulares como intervenciones de oficio.
Como es obvio, la iniciación de una IPP no implica que el hecho haya ocurrido o que las personas sindicadas sean las responsables, pero de todos modos, con esas limitaciones, constituye un indicador confiable.
Haremos el cotejo de acuerdo a los delitos más corrientes y que más interesan a la opinión pública.
- Delitos contra las personas.
Respecto de los homicidios dolosos, en sus distintas modalidades, se observa una tendencia estable en el interanual, ya que mientras 2018 se habían registrado 6, en 2019 fueron 5.
Porcentualmente la disminución es poco significativa, sin embargo no podemos dejar de recordar que se trata de una vida menos perdida en hechos de violencia.
Con relación a los homicidios culposos (generalmente constituidos por accidentes de tránsito) mientras que en 2018 se registraron 8 muertes, en 2019 fueron 12.
- Delitos contra la integridad sexual.
Este es uno de los rubros más preocupantes, constituido por los abusos sexuales simples, los abusos sexuales con acceso carnal y otros tipos de abusos sexuales, como por ejemplo, los gravemente ultrajantes.
Mientras que en 2018 se iniciaron 95 causas por abuso sexual simple, para 2019 ese número ascendió a 102, con una variación del 7,4%.
En 2018 se iniciaron 13 causas por abuso sexual con acceso carnal, mientras que en 2019 ese número ascendió a 21, con una variación del 61,5%.
Finalmente, en 2018 se iniciaron 12 causas por otros abusos sexuales, mientras que en 2019 ese número fue de 16, con una variación del 33,3%.
Resulta interesante analizar que pese al notorio endurecimiento de la legislación penal en esta materia y la virtual unanimidad de fallos condenatorios, lejos de descender este tipo de delitos, continúan en aumento, lo que interpela sobre la necesidad de adoptar estrategias complementarias.
También señalar que, de acuerdo a la condición de observador que me brinda la condición de juez que interviene en el juzgamiento de los casos más graves de abuso sexual, la mayoría de las víctimas son niñas o niños y los agresores personas íntimamente vinculadas al círculo familiar.
- Delitos contra la propiedad.
Los delitos más frecuente de este rubro son los robos y hurtos, en sus distintas modalidades y las estafas, en los cuales nos concentraremos.
Sin poder arriesgar un motivo, se observa una notoria disminución de las estafas, ya que mientras en 2018 se habían registrado 483 causas, en 2019 descendieron a 287, con una variación negativa del 40,6.
No es la misma situación la del hurto simple (apropiación de bienes sin ejercer fuerza en las cosas o violencia física en las personas), ya que en 2017 se iniciaron 768 IIPs, mientras que en 2019 fueron 1.248, con un incremento del 62,5%.
El hurto de vehículos dejados en la vía pública (aquí se incluyen motos y bicicletas) también desciende de modo significativo, ya que mientras que en 2018 se registraron 179, en 2019 fueron 97, con un descenso del 45,8%.
Los robos simples también aumentan de modo considerable, ya que mientras 2018 se inician 675 causas, para 2019 ese número ascendió a 1.123, con un incremento del 66,4%.
Los robos agravados por el uso de armas también aumentan, ya que en 2018 se inician 90 causas, mientras que en 2019 fueron 123, con un incremento del 36,7%.
Otros robos agravados (despoblado, banda, efracción, etcétera) disminuyen, con 71 casos para 2018, mientras que en 2019 tenemos 60 casos, con un descenso del 15,5%.
- Narcomenudeo.
Recordemos que la provincia de Buenos Aires solamente tiene habilitada la persecución del denominado narcomenudeo o comercio minorista de sustancias estupefacientes, que constituye el último eslabón de la cadena de comercialización.
A este respecto se observa un sustancial incremento de causas por este motivo, ya que mientras en 2018 se habían iniciado 505, en 2019 fueron 827, con un aumento del 63,8%.
2. Cantidad de personas privadas de la libertad.
A fines del año pasado en nuestro Departamento Judicial teníamos 283 personas privadas de la libertad, con un crecimiento del 13,65% respecto de 2018, donde teníamos 249 personas privadas de la libertad.
La forma de medir los niveles de encarcelamiento (altos o bajos, respecto de otras jurisdicciones, e inclusive provincias o países) es calculando la tasa de encarcelamiento, que es equivalente a la cantidad de personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes.
En el caso del Departamento Judicial Necochea esa tasa es de 231/100.000, que para 2018 era de 203/100.000. Digamos que esa tasa (231/100.000) se ubica bastante por debajo de la tasa de la provincia de Buenos Aires (336/100.000) pero en valores similares a la tasa de la República Argentina.
3. Personas en prisión o arresto domiciliario.
La acuciante situación penitenciaria bonaerense, caracterizada por la endémica sobrepoblación, lleva a adoptar medidas alternativas a la prisión rigurosa, como lo son el arresto o prisión domiciliaria.
A fines de 2019, sobre las 283 personas privadas de la libertad, el 22,3% (63) se encontraban en el régimen morigerado, valores que son muy similares a los de 2018, donde 21% (53 personas) se encontraban en esa situación.
4. Mujeres privadas de la libertad
El Departamento Judicial Necochea mantiene una equivalencia porcentual de mujeres privadas de la libertad, tanto respecto de los hombres, como respecto de lo que ocurre en la provincia y en el país, donde ese índice se mantiene en un 6%.
De cada 100 personas privadas de la libertad 94 son hombres y las 6 restantes mujeres y/o personas autopercibidas del género femenino.
Consideramos como dato positivo o alentador que para fines del año pasado, 13 de las 16 mujeres privadas de la libertad lo estén bajo el régimen del arresto o prisión domiciliaria, mientras que para idéntica fecha de 2018 solamente 8 de las 14 mujeres privadas de la libertad se encontraban en esa situación.
Las mujeres privadas de la libertad constituyen un colectivo particularmente vulnerable y no existe recomendación especializada que no aconseje atender sus situaciones en condiciones menos drásticas que la prisión rigurosa.
Acoto a esta circunstancia que, como lo indican las estadísticas particulares, casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad se encuentran detenidas por narcomenudeo, delito que en e caso específico se encuentra muy vinculado a las economías de supervivencia.
5. Personas privadas de la libertad de acuerdo a su situación procesal.
El interanual arroja en este rubro otro dato positivo o alentador, como lo es la disminución de personas privadas de la libertad bajo el régimen de la prisión preventiva.
Recordemos rápidamente que las personas que no se encuentran condenadas por sentencia firme gozan de la presunción constitucional de inocencia y se corre el riesgo de cercenar uno de los valores más importantes, luego de la vida, sin certeza de la responsabilidad penal.
A fines de 2018, 108 del total de personas privadas de la libertad que tenía el Departamento Judicial Necochea se encontraban bajo el régimen de la prisión preventiva, 60 con sentencia condenatoria no firme (con un mayor grado de certeza sobre la culpabilidad, pero sin haber derrotado al principio de inocencia) y solamente 81 personas con sentencia condenatoria no firme.
Estos valores se revierten para 2019, donde encontramos que solamente 63 personas se encuentran privadas de la libertad bajo el régimen de la prisión preventiva, 86 con sentencia condenatoria no firme y 134 con sentencia condenatoria firme.
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