La SIGEN reveló que el Estado perdió 76 millones de dólares con las subastas de inmuebles entre 2017 y 2018. Se trata de terrenos que se vendieron a valores menores a los determinados por los tribunales naciones de tasación.
Entre marzo de 2017 y abril de 2018 se concretaron 54 subastas a nivel nacional y las más onerosas tuvieron lugar en la Ciudad. La muestra relevada por la SIGEN se hizo tomando en cuenta 21 operaciones que fueron seleccionadas de acuerdo a la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación.
El trabajo estaba completo desde enero de 2019, pero recién con el recambio presidencial, el nuevo titular de la Sindicatura General, Carlos Montero, decidió darle impulso.
Según pudo saber LPO, las mayores diferencias de acuerdo a la tasación y al valor en el que fueron vendidas estuvieron en las subastas de Puerto Madero.
Mientras la valuación oficial para dos lotes que fueron adquiridos por Consultatio superaba los 117 millones de dólares, los pliegos de la subasta organizada por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) estuvieron valuados en un total de 95 millones de dólares.
Como relató LPO, la subasta conjunta de los terrenos quedó vacante y Eduardo Costantini terminó quedándose con ambos predios por 100 millones de dólares en remates sucesivos.
Otra parcela valuada por el Tribunal de Tasaciones en 53, 3 millones de dólares salió con un pliego de 40 millones de dólares en la subasta de AABE y fue adquirida por Consultatio en 40,1 millones.
Pero no todos fueron negocios soñados para el creador de Nordelta. Terminó pagando 20 millones de dólares por un terreno en Azopardo y Huergo que estaba valuado en 13 millones de dólares. En el pliego el valor era de 20 millones de dólares.
TGLT, la desarrolladora que compró Caputo Construcciones a Nicky Caputo, se quedó con otra parcela en Puerto Madero por 40,5 millones de dólares. En ese caso el terreno había sido tasado por el Estado en 53,3 millones de dólares.
En la SIGEN encontraron además que para rematar los terrenos a un valor menor, la AABE se había amparado en el artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble. Sin embargo la normativa solo puede aplicarse para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos.
Los informes fueron girados a la Oficina Anticorrupción que determinará si corresponde comenzar acciones judiciales contra los ex funcionarios del AABE que gestionaba Ramón Lanús.
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