Un informe elaborado por equipos de investigadores de siete universidades analiza el recorte de fondos que sufrió el sistema educativo en el período 2016-2019 y destaca cómo se desfinanciaron especialmente las políticas dirigidas a enfrentar las desigualdades socioeducativas.
El presupuesto que el gobierno nacional destina a la educación disminuyó un 35 por ciento durante la administración de Mauricio Macri.
Este recorte no fue homogéneo, sino que estuvo acentuado en aquellos programas destinados a ampliar las posibilidades de la franja de estudiantes con menores recursos.
En términos generales, entre 2016 y 2019 la gestión de Cambiemos ajustó más en los niveles no universitarios que en los universitarios y desatendió especialmente las políticas socioeducativas destinadas a enfrentar la desigualdad.
Así lo señala un informe elaborado por un colectivo de observatorios y equipos de investigación de las universidades UNIPE, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Samiento y San Martín.
El análisis ofrece un claro balance de lo que dejan los cuatro años de gobierno macrista en la educación pública .
La Argentina tiene un amplio sistema de educación pública. Alrededor del 85 por ciento del gasto educativo es realizado por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
Al 15 por ciento restante lo aportan, principalmente, las familias, señalan las universidades en su estudio.
Los fondos públicos invertidos son aportados de modo desigual por los tres niveles del Estado: 20 por ciento por la Nación, 78 por ciento por las provincias y 2 por ciento por los municipios.
Si bien el grueso de los fondos públicos que sostienen a la educación en Argentina son invertidos por los Estados provinciales, el gasto que aporta la Nación es determinante para disminuir las desigualdades entre los distritos y fortalecer sus capacidades educativas.
Un presupuesto refleja, básicamente, las prioridades de las políticas públicas de un gobierno.
En este sentido, la evolución del presupuesto educativo en los últimos cuatro años muestra una retirada del Estado: la educación pasó de representar el 7,8 por ciento presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1 por ciento 2020.
La reducción de los fondos se produjo mediante dos procesos. El primero fue la decisión política de ajustar el gasto público; el segundo, la reducción del Producto Bruto Interno.
Ambos procesos achicaron la torta de recursos de la que surge la porción que se asigna para educación.
Una de las principales características de la gestión de Cambiemos fue el abandono de las políticas educativas en los niveles no universitarios.
Especialmente de las medidas que buscaban atender las desigualdades, generando oportunidades de formación para los estudiantes de los sectores sociales con menor capacidad económica.
Esta decisión se ve nítidamente en el descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas”, que desde la asunción de Macri ha sido constante.
Si se toma como año base el 2016, el presupuesto real asignado a este programa para el 2020 es sólo el 6 por ciento de lo que era al inicio de la gestión.
Las escuelas ténicas son una herramienta de movilidad social de gran peso para los jóvenes de las clases media baja y baja.
Numerosos estudios han probado que sus egresados consiguen trabajo más facilmente en empleos mejor remunerados. Pese a esto, el gobierno de Cambiemos desfinanció al sector.
En sólo dos años (2018 a 2020), la educación técnica vio reducido su presupuesto real a la tercera parte.
En este programa presupuestario pasa algo que no se advierte en otros y es que la asignación de presupuesto incumple lo establecido en una ley nacional, en este caso la Ley de Educación Técnica (26.058), que manda a invertir al menos el 0,20 por ciento del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
Ya en 2019 se incumplió este artículo al asignar una partida a este Fondo que representaba el 0,10 por ciento de los ingresos corrientes, la mitad de lo indicado por la ley.
En el proyecto de presupuesto para 2020, la distancia con lo que marca la ley es aún mayor ya que se destina un monto menor a este fondo (sólo 2 mil millones) que representa el 0,04 por ciento de los ingresos públicos previstos.
El Ministerio de Educación está a cargo de ejecutar entre el 70 y el 80 por ciento del presupuesto educativo del Estado nacional.
En el proyecto de Presupuesto 2020 presentado por el actual gobierno, el 76 por ciento del gasto del ministerio está destinado a universidades.
Los autores del estudio observan que el peso relativo de las universidades dentro del presupuesto ministerial ha crecido de modo marcado en el período: de ser el 66 por ciento en 2016 pasó a ser el 76 por ciento en 2020.
Sin embargo, este proceso no es el resultado del incremento del presupuesto universitario (que, de hecho, observó un descenso en términos reales), sino de la virtual renuncia del Estado nacional a hacer política educativa sobre los niveles no universitarios y de la relativa rigidez del presupuesto universitario nacional debido a la alta proporción que ocupan los en su composición.
Los presupuestos son redactados y aprobados en términos nominales. Al momento de leerlos, hay que cruzarlos con la inflación para tener su dimensión real.
El presupuesto asignado a Infraestructura y Equipamiento educativos para 2020 es un 28 por ciento superior en términos nominales que el presupuesto de 2019, pero en términos reales es un 16 por ciento más bajo que el de 2018. Y un 75 por ciento menor con respecto al de 2016.
El aumento presupuestario que se observa en 2018 obedece a la importante previsión que se hizo en un momento de optimismo oficial, tres meses antes de que se desatara la crisis de 2018, que derrumbó la economía real.
En 2019 y 2020, la partida para Infraestructura y Equipamiento se redujo a menos de la tercera parte de lo que era en el inicio de la gestión.
