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La suspensión de la obra de los Parques Eólicos en Chubut y Necochea por las restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno nacional en sus últimas medidas económicas antes de dejar la gestión reavivaron la polémica en torno a los negociados de la familia del presidente Mauricio Macri en el sector de las energías renovables.

La firma encargada de llevar a cabo los proyectos en la Patagonia y la provincia de Buenos Aires es nada más y nada menos que Genneia, una sociedad anónima que formó parte de una triangulación financiera en que la se involucró a las empresas del Grupo Socma, conformada por el entorno de Macri.

En 2016, la compañía Sideco Americana -empresa insignia del holding de los Macri- compró a la firma española Isolux Corsán seis parques eólicos ubicados en Chubut y la costa atlántica bonaerense.

Luego de adquirirlos, en 2017 efectuó una reventa a la firma argentina Genneia, cuyo dueño es el banquero Jorge Brito, y a la compañía china Goldwind.

Por la transacción, Sideco obtuvo una ganancia millonaria, producto de la diferencia entre el valor de compra y el de venta, con apenas un año de diferencia y sin hacer ningún avance en los proyectos.

La maniobra implicó dos irregularidades que motivaron la denuncia del diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y el desarrollo de la investigación a manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La primera irregularidad fue el permiso del Estado, a través del Ministerio de Energía y Enarsa, para que Isolux se desprendiera de las cuatro concesiones que poseía, alegando problemas económicos y sin haber cumplido con ninguna de las condiciones que establecía el pliego. Tampoco avanzó en una quita de la concesión y una posterior relicitación.

La segunda maniobra denunciada se dio cuando el Estado volvió a otorgarle concesiones a Isolux, la empresa que veinte días antes se había declarado en quiebra, y a pesar de sus antecedentes de incumplimiento.

Tévez ¿y Caniggia?

Una de las razones por las que el caso tomó relevancia pública fue la participación del futbolista Carlos Tévez en la transacción. Puntualmente, el jugador de Boca y amigo personal del presidente Macri posee el 10% de la firma Sidsel, una de las empresas que adquirieron los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV en Chubut y el Parque Eólico Vientos Miramar.

Siguiendo con la farándula, el fútbol y las amistades presidenciales, otro nombre que sonó en las últimas horas fue el del Claudio Paul Caniggia. Su exmujer, Mariana Nannis, denunció por televisión que el exjugador de la Selección Argentina de fútbol hizo “negocios muy grandes con el Gobierno”, y habló de “contratos millonarios”, entre los que se encontrarían, según la propia Nannis, uno de “energía eólica, de tres mil millones de dólares”.

Mientras tanto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Gianfranco Macri, y a la vez se libraron exhortos para establecer mo-vimientos financieros de tres cuentas bancarias radicadas en Nueva York que habrían sido utilizadas para fondear la compra.

Ya alejándose del poder, a los negocios de Macri y su familia, se los lleva el viento.

“Fue una orden directa de Macri para favorecer a su familia” 

Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, habló con La Tecla sobre la denuncia por el traspaso de los parques eólicos, que él mismo inició ante Comodoro Py. “Está en plena investigación. Hay medidas de prueba que se ordenan bastante seguido. Hubo exhortos a Estados Unidos. Se está moviendo”, aseguró el legislador.

Asimismo, el diputado resumió: “Denunciamos que la familia Macri se queda, sin pasar por licitación, con seis parques eólicos con una serie de privilegios y ventajas que le dieron desde el Gobierno para facilitar esa transferencia”. Y precisó: “A fines de 2016, las empresas que creó el Grupo Macri tenían seis parques eólicos que habían pagado alrededor de 20 millones de dólares, y en cuatro meses se la vendieron a los chinos en casi 90”.

En esa línea, Tailhade aseguró que “el Estado debería haber desaprobado la transferencia y revocar la concesión por incumplimiento, pero hace la vista gorda y permite la venta”; y agregó que tanto en esa maniobra como en la posterior asignación a favor de la em-presa Isolux “tenemos la información de que (Juan José) Aranguren se opuso a eso, no quería autorizar la transferencia ni otorgar las licitaciones a Isolux. Fue una orden directa del Presidente la que modificó la decisión y terminaron facilitándoles las gestiones a las empresas de su familia”.

Además, el diputado destacó que “uno de los parques queda en Miramar. La licitación se lanza en octubre de 2016 para otorgar esa concesión. Resulta que los Macri habían constituido una sociedad a principios de 2016, que se llama Parques Eólicos Miramar. Casi un año antes, no solamente de que existiera el parque, antes de que se conociera que en algún momento se iba a licitar eso; lo que te da la pauta de la información privilegiada que venían manejando”.

Por último, consultado con respecto a las figuras del fútbol que aparecieron involucradas, Tailhade afirmó que “lo de Caniggia, no lo sabemos. De Tévez tenemos papeles, es accionista de una de las empresas que se quedaron con el negocio”.

Una offshore de Luxemburgo y dos depósitos millonarios

La causa que lleva adelante Marcelo Martínez de Giorgi por defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos tuvo un nuevo capítulo en los últimos meses, con la aparición de una firma offshore vinculada a la transacción de los parques eólicos.

Se trata de Rainbow Finance S.A., radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo. La misma, es dueña de la compañía Usir International Holding SL, cuya filial en el país es Usir Argentina, la controlante de Sidsel y Sideli, empresas compuestas por integrantes de la familia Macri y amigos del Presidente.

La offshore dedicada a las inversiones, según los registros, está radicada en el pequeño país europeo y compuesta por siete socios, entre personas físicas y jurídicas.

Todas las firmas argentinas vinculadas a la compra y venta de los parques eólicos fueron creadas por el contador Mariano Payaslián, que trabaja para SOCMA y es asesor de la familia presidencial.

Usir Argentina S.A. aprobó un préstamo a Gianfranco Macri por 5 millones de dólares. Por orden de Payaslián, el 29 de junio de 2018, Sideli, “a cuenta de los dividendos”, recibió la instrucción de transferir US$2.250.000 a la cuenta en el HSBC del hermano del Presidente con su correspondiente número de CBU.

La pista offshore, aparecida a mediados de este año, vuelve a poner la lupa so-bre los negocios de Mauricio Macri y sus allegados y su vinculación con mecanismos de lavado de activos, algo que sur-gió en primera instancia con los ya cono-cidos Panama Papers y la revelación de documentos que los comprometían.

“Compramos un parque en venta”

La gerente de Comunicación de la empresa Genneia S.A., Adriana Shimabukuro, aseguró en diálogo con La Tecla que “nosotros compramos un parque eólico que estaba en venta. No hay nada más transparente que eso. Ese parque estaba en funcionamiento y no había nada que nos hiciera pensar que estábamos comprando algo irregularmente”.

En esa línea reiteró que “compramos un parque que estaba en funcionamiento a precio de mercado. Es un activo más de la firma, como compramos un Centro de Generación en Tucumán u otras transacciones similares”.

Asimismo, la portavoz oficial de la firma explicó: “No sabemos a qué precio lo compró el grupo que nos vendió. Es distinta la situación de parque eólico cuando está funcionando que cuando es un proyecto aún sin realizarse. Son reglas y condiciones de juego distintas”.

Agregó en tal sentido: “No podemos responder si antes se pagó por debajo del mercado o no. Nosotros pagamos el precio que considerábamos justo y fue muy transparente”.

Respecto de la paralización de las obras aclaró que “están suspendidas hasta que se destrabe la situación”.

“Los proyectos tienen una modalidad que se llama Project Finance, que requiere que la tecnología que se fabrica en Alemania o Dinamarca se pague en su país de origen”, algo impedido por el cepo cambiario.

FUENTE: La Tecla