El pasado 10 de julio, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18, con la firma del presidente Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Andrés Ibarra y Nicolás Dujovne, a partir del cual se busca lograr una reducción del gasto público de $25.000.0000.
El decreto congela los ingresos a planta hasta el 31 de diciembre de 2019, prohíbe la implementación de convenios de asistencia técnica, así como de bonificaciones o premios y un recorte de gastos de movilidad y viáticos, entre otras medidas.
El artículo 4 de la presente hace referencia al “Pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos” y dice “Las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, que abonen a su personal, se trate de personal jerárquico o no, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o en especie, deberán informar, dentro del plazo de TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de este decreto, la norma que dispuso su creación y aplicación, sus características y la planificación de su pago para el año en curso a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO. Esa Comisión dictaminará respecto de la procedencia e impacto presupuestario de la bonificación, premio, incentivo o suplemento de que se trate.”
La norma como tal es de carácter general y nos hace prestarle especial atención a nuestro Fondo Nacional de Incentivo Docente (creado por Ley 25053/98), pues, como vemos, de la letra se desprende que se revisarán y deberá cada entidad justificar el pago de los mismos.
En este contexto de ajuste y recorte sobre la clase trabajadora en su conjunto y, en particular, sobre el sector docente en sus diferentes niveles, es que llamamos a la docencia preuniversitaria de todas las Universidades del país a declararse en Estado de Alerta y Movilización.
El Incentivo Docente, conquista histórica de la inclaudicable lucha docente, hoy es parte de nuestro salario y que nos sea arrebatado significaría deteriorar aún más nuestro poder adquisitivo, con nuestro salario congelado desde noviembre, que como “propina” se nos ha dado un adelanto del 5%, y que desde hace 60 días el gobierno nacional y los rectores no convocan a la comisión paritaria de nuestro sector.
Hoy, más que nunca debemos redoblar, nuestros esfuerzos para que la medida resuelta por CONADU Histórica de No Inicio y Cese Total de Actividades a partir del 6 de agosto tenga la suficiente contundencia y masividad que el momento nos exige.
Defendamos nuestro salario, defendamos el FONID, que se encuentra congelado desde 2016 y para ello proponemos que sea incorporado al básico y así terminar con los ítems en negro
Ratificamos nuestro pedido de un 30% ya de aumento salarial con cláusula gatillo y le decimos no al ajuste presupuestario en las universidades nacionales.
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