viernes, noviembre 08, 2024

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ECOLOGÍA: Organizaciones advierten sobre el peligro de los biocombustibles.

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En el marco del Congreso Mundial sobre Biocombustibles «Biofuels Markets Americas» realizado en Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales advirtieron sobre los impactos ambientales y sociales que la producción de éstos provocará en América Latina.

Gobiernos y sectores empresariales muestran un respaldo cada vez mayor a la producción de biocombustibles para el transporte, orientada a satisfacer la demanda de un creciente mercado internacional. Esto ocurre a pesar de las numerosas investigaciones que alertan sobre los peligros que ello implica en las regiones donde éstos se producen.

Las organizaciones Greenpeace Argentina, Amigos de la Tierra Argentina, Taller Ecologista, Programa Argentina Sustentable (PAS) y CEPPAS consideran que el Estado nacional y los organismos oficiales (1) deben en primera instancia advertir el riesgo que los actuales patrones de producción de biocombustibles generan en nuestra región, y en una segunda, desarrollar políticas tendientes a diversificar la matriz energética en base a las mejores opciones en materia de bioenergía junto a otras fuentes limpias y renovables.

En los últimos años se ha otorgado a los biocombustibles, etanol y biodiesel, un rol cada vez más importante, sobre todo por parte de los países industrializados que son los mercados de mayor consumo energético y de combustible. Esta es la razón por la que se está procurando la creación de un mercado internacional de biocombustibles que les permita acceder a estos insumos desde aquellos países que poseen los mayores potenciales de producción de biomasa, como es el caso de Argentina.

Pero en estos países, la producción de biocombustibles representa hoy una clara amenaza para la biodiversidad y la soberanía alimentaria. La extensión de cultivos tales como el maíz, la soja, la colza, la palma o la caña de azúcar, destinados a la producción de biocombustibles presiona sobre el territorio provocando la destrucción directa e indirecta de ecosistemas naturales, como las selvas tropicales y los bosques nativos. Además, pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial al competir por las tierras fértiles disponibles, colocando en peligro la subsistencia de las poblaciones más pobres del mundo.

En este contexto, una reconsideración radical acerca de la producción de biocombustibles se torna urgente. Lo más importante: las medidas gubernamentales que generan el desvío de granos y aceites comestibles para la producción de biocombustibles deben ser detenidas.

En el mismo sentido, la producción de biocombustibles orientada al mercado internacional, encamina a los países del Tercer Mundo, destinados a abastecerlos, a la especialización y al monocultivo, desarticulando la provisión del mercado interno y destruyendo por completo otras actividades productivas, tal como se presenta en el caso Argentino. En los últimos años el Estado nacional colocó a la actividad agrícola al servicio del mercado global de la soja y sus consecuencias están a la vista: la desaparición de una enorme cantidad de otras importantes e imprescindibles actividades agropecuarias que, por la contundencia en la alta rentabilidad sojera, fueron progresivamente abandonadas (tambos, cultivos alternativos, ganadería, etc.) y la descomunal tasa de deforestación ha causado la pérdida irreparable de más de 2 millones de hectáreas (2) de bosques nativos desde 1998 hasta ahora.

Por otro lado, la ventaja en el balance de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la producción y el consumo de biocombustibles es en la mayoría de los casos muy baja, cuando no nula o negativa. La degradación o conversión de los bosques y selvas naturales o de otros ecosistemas naturales no solo destruye la biodiversidad sino que además provoca altas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera (3). Al mismo tiempo, cada vez más investigaciones (4) demuestran que muchos proyectos de bioenergía no son sostenibles.

En Argentina, la política actual en materia de bioenergía, apunta a generar un mercado cautivo, subsidiando a las empresas proveedoras de biodiesel en base a aceite de soja y a las empresas petroleras que esencialmente mantienen la misma cadena que hasta ahora, sin costo adicional. El 5% de corte para el 2010 establecido por la Ley 26.093 es irrelevante en términos de política climática y de seguridad energética y desvía cuantiosas cifras en fondos que podrían destinarse a la promoción de otras fuentes de energía renovable y de sistemas descentralizados de generación. Por el contrario, lo que se plantea es subsidiar el consumo vehicular.

La situación energética en Argentina se caracteriza por una enorme fragilidad debido a su fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Ésta acarrea problemas ambientales y emisiones de GEI y conlleva la inseguridad del suministro energético. La altísima dependencia de los combustibles fósiles (89 %) hace que la Argentina posea la peor matriz energética de la región en cuanto a uso de fuentes renovables. Frente a un escenario de escasez estructural de estos recursos todo indica que se buscará suplir esta escasez con otras fuentes con grandes impactos y riesgos ambientales: grandes hidroeléctricas, plantas de energía nuclear, mayor uso de carbón y las peores opciones en materia de biocombustibles.

Se plantea la urgente necesidad de una política nacional energética que adopte medidas de reducción en la emisión de GEI, incluyendo a aquellas tendientes a aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía. La bioenergía debe complementar y equilibrar el suministro de energía en un sistema diversificado de fuentes de energías limpias y renovables (solar, eólica, minihidráulica, geotérmica, de las olas y de las mareas) que modifiquen radicalmente la actual dependencia de la matriz energética argentina de los combustibles fósiles.

Por otro lado, las políticas adoptadas y promovidas desde el Gobierno nacional en materia de energía, no deben contener de ningún modo, medidas de apoyo a la producción de biocombustibles destinados a la exportación, tales como subsidios y/o cancelación de impuestos, pero tampoco objetivos o metas obligatorios de corte que fomenten cualquier tipo de uso de la biomasa o la producción de biocombustibles. Asimismo, no pueden establecerse ventajas a la exportación de biocombustibles tales como alícuotas de retenciones más bajas en comparación a las de los productos agrícolas. Esto supone un subsidio encubierto del orden de cientos de millones de U$ mucho más que lo reciben todas las energías renovables en el país.

Es por ello que, dentro de la promoción a escala local de la bioenergía, se deben priorizar los usos estacionarios de la misma. La biomasa que se emplea para producir electricidad y/o calor es considerada la aplicación más eficaz, ya que en este caso pueden aplicarse prácticas de cogeneración más eficientes y no resulta necesaria su posterior transformación a estado líquido. Por otro lado y dependiendo de la regionalidad de los recursos (generados especialmente por residuos de la actividad forestal y agrícolas), fomentar la generación descentralizada y socialmente sustentable y producciones como la que podría llevar a cabo la agricultura familiar o de pequeña escala (GREENPEACE)