A pedido de Mauricio Macri, el siempre servil Claudio Bonadío se despachó esta madrugada con una serie de detenciones y procesamientos por la insólita acusación de “Traición a la Patria” en el marco del memorando con Irán. La persecución judicial suma un nuevo episodio que mansilla la institucionalidad argentina.
Mientras algunos encubridores del atentado a la AMIA están siendo juzgados en este momento y otros caminan libres sin procesos, Bonadío utiliza ese hecho tan doloroso para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Héctor Timerman, Andrés Larroque y Luis D´Elía por ser opositores.
Esto es un episodio más del Estado de excepción en el que vivimos, donde a cualquier persona que haya sido funcionario o simpatizante de una gestión pública se le puede dictar la prisión preventiva.
Las casualidades tampoco existen. En los días donde las reformas regresivas que quiere impulsar el Gobierno Nacional están en riesgo porque tal vez no junte los votos para impulsar la pérdida de derechos laborales, y el saqueo previsional no tiene aprobación segura en la Cámara de Diputados, se necesita correr el eje de atención.
Los procesamientos y las prisiones preventivas en el último día hábil de la semana para que el fin de semana transcurra con una agenda mediática que no se ocupe de las tropelías del Gobierno. El mismo modus operandi que se vio en otros casos de persecución política ocurridos en los últimos meses.
Todo esto en un marco de conflictividad creciente entre el Gobierno y distintos sectores de la sociedad civil, con Mauricio Macri y sus funcionarios buscando reeditar la teoría de los dos demonios para justificar la persecución, militarización y flexibilización de derechos de la protesta social.
Justificar asesinatos por la espalda, eximir de responsabilidades a las fuerzas de seguridad, construir el relato de que existen focos terroristas, dictar prisiones preventivas, procesamientos y pedir desafueros constituyen los métodos con los cuales el Poder Ejecutivo junto a un aparato mediático y judicial quieren imponer este estado de excepción que no representa otra cosa que una pérdida de libertades para todos los argentinos y un degradamiento institucional de una democracia que está sumamente dañada.
