La juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Carmen Lamela, dictó prisión incondicional para ocho ex consejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol Junqueras.
Los funcionarios han declarado este jueves en los estrados acusados de rebelión, sedición y malversación. Para uno de los consejeros cesanteados, Santi Vila, exconsejero, se decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.
Así el vicepresidente destituido Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raul Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) quedaron hoy tras las rejas en distintas prisiones. Borrás y Bassa fueron derivados a la cárcel en Alcalá de Henares. Turull y Romeva, a Valdemoro; Rull a Navalcarnero; Forn y Junqueras a Estremera; y Mundó y Vila a Aranjuez.
Entre los argumentos para justificar su decisión, la juez tiene en cuenta para el riesgo de fuga el alto poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia.
Es el caso del expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, quien están en Bélgica. «La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia», señala el auto de prisión de la juez Lamela. Se trata, dijo la magistrado, «de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia».
En tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves a la jueza Lamela que ordene la busca y captura nacional e internacional de Puigdemont y los cuatros destituidos consejeros catalanes que han optado por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputada por rebelión, sedición y malversación de fondos.
Según el ministerio público es un «hecho notorio y públicamente conocido» la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado «reiterados intentos» de entregar la citación en sus domicilios, así como «reiteradas llamadas telefónicas» a las que «se ha hecho caso omiso». (ANSA).
