El Consejo de la Magistratura aprobó hoy, en una tumultuosa sesión plenaria, la suspensión del camarista federal Eduardo Freiler y lo envió a un jury de enjuiciamiento. El proceso fue avalado por ocho consejeros, luego de que se destrabara la mayoría necesaria para avanzar con su eventual destitución.

El jury evaluará el desempeño de Freiler por varias acusaciones que pesan en su contra. La más resonante es la imputación de mal desempeño por falsear u omitir datos en sus declaraciones patrimoniales juradas.

Entre las irregularidades detectadas, aparece la omisión de un arenero marca Gama, modelo Utility; dos cuatriciclos marca Mondial de 200 cc; otros dos cuatriciclos marca Kymco; y, un cuatriciclo de 50 cc.

Tampoco quedó registrado quién fue el que le hizo la «donación» de siete terrenos en el municipio de Necochea. Por otro lado, se detectó a su nombre una moto de agua de nombre «Argo», con un valor de $158.400, pero que había sido declarada con posterioridad al «irrisorio valor» de $15.000.

Otro de los puntos a evaluar es el incremento de su patrimonio con gastos «que no guardan correlación con sus ingresos». Del análisis del período analizado entre 2012 y 2016, los investigadores concluyeron que gastó seis millones de pesos por encima de sus ingresos. Otro informe registra un desfasaje de 17 millones de pesos.

Como mal desempeño, Freiler está acusado además de seguir «un patrón de conducta impropio de un juez federal» porque dejó de cumplir con obligaciones impositivas hasta acumular «una deuda de $330.619,75».

En cuarto lugar, está denunciado por argumentar «motivos falsos para obtener licencias con goce de haberes». Hubo casos en los que se invocaron viajes al extranjero que no tenían «vinculación alguna con su función oficial de magistrado llevando adelante una vida ostentosa», afirmó el expediente. Se apunta a un viaje a Miami de 2013, para el cual se alegó un motivo académico.

Finalmente, se lo imputa por ausentarse «sin licencia durante días hábiles judiciales de forma grave y reiterada». En este caso, un informe de Migraciones demostraría que «el magistrado se ausentó del país y de la sede del tribunal, sin licencia ni justificación, durante al menos treinta y tres (33) días hábiles judiciales desde el año 2008».