Por Carlos Lombardi (*) – Exclusivo para Comercio y Justicia
“En el clericalismo, religión y política se entrecruzan y la Iglesia se vale del Estado, o del poder político, para reafirmar un sistema de poder eclesiástico, o el Estado, o el poder político, se vale de la Iglesia para afianzar el sistema de gobierno o las situaciones político-sociales”(1).
La noción de clericalismo que citamos resalta la actuación tanto de los dirigentes religiosos (obispos, por ejemplo) como de la dirigencia política que puede o no ser católica. Cada institución puede utilizar la religión en beneficio propio.
La iglesia se vale del Estado y de los dirigentes políticos para entrometerse en materias temporales -sobre las cuales dice no tener competencia-, y de esa forma impone doctrinas, dogmas o políticas religiosas (elaboradas por un estado extranjero como es el Vaticano) a toda la sociedad. Se observa, por ejemplo, en el lobby que hacen en los parlamentos cuando existe el “riesgo” de que se sancionen leyes contrarias a la ideología clerical. El efecto inmediato del clericalismo es la primacía del interés del clero sobre el interés de la sociedad.
Por su parte, los políticos se valen de la Iglesia, y en particular de la religión, para no contrariar el “clima social” y perder votos o perturbar los niveles de aceptación, que se verían alterados si se opusieran a las políticas clericales. Asimismo, muchas veces la dirigencia política comete la torpeza de legitimar su poder democrático y republicano buscando alianzas con el clero, o permitiendo que éste se inmiscuya en asuntos laicos, sobre los que puede opinar pero nunca gestionar.
Dicho esto y luego de la designación de Bergoglio como jefe máximo de la iglesia Católica ¿puede hablarse de un resurgimiento del clericalismo en nuestro país? El pontífice se ha cuidado de no entrometerse en la realidad política. Sus intervenciones, efectuadas mediante comunicados o declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina, han sido escasas: sobre la violencia e inseguridad que sufre la sociedad, y aquella en la cual sugirió “ayudar” a la Presidenta para que termine su mandato, pueden señalarse como las más notorias.
No obstante, del lado de la clase dirigente existen algunos indicadores que permitirían, de modo no taxativo, responder afirmativamente aquella pregunta. Primero, el anclaje que han sufrido proyectos de ley que contienen el reconocimiento de derechos fundamentales para los ciudadanos (reforma del Código Civil y aborto), pero que son contrarios al pensamiento episcopal, que se arroga el carácter de “veedor social”, con pretensiones de seguir imponiendo un modelo de sociedad que ya aplicó en las sucesivas dictaduras militares que avaló -y fracasó- con las lamentables consecuencias por todos conocidas.
En segundo lugar, el comportamiento de la clase política de estrechar lazos con el estamento clerical es otro indicador de lo que sostenemos. En este plano se encuentra el desfile por el Vaticano de funcionarios argentinos de todos los niveles para sacarse “su” foto con el pontífice. Este comportamiento lleva una fuerte impronta chauvinista, cuya consecuencia directa es que los funcionarios anteponen su propia religión -en los actos de gobierno, sanción de leyes y dictado de sentencias – a las necesidades de la población.
Finalmente, un tercer indicador lo encontramos en las propuestas que los candidatos para las próximas elecciones presidenciales están haciendo conocer a la ciudadanía. En ellas no hay un proyecto de país que tenga la laicidad (como contrapartida del clericalismo) como objetivo.
Como bien sostienen los sociólogos de la religión, “en la visión del Estado que la clase política proyecta, la laicidad no es un ingrediente constitutivo. La baja receptividad del ideario del Estado laico es la contracara de la “naturalización” de la presencia pública de la iglesia Católica”(2). Esa presencia “natural” de los obispos en los asuntos públicos es otra nota que indica que el clericalismo está más presente de lo que imaginamos.
¿Cuál podría ser el antídoto para evitar las toxinas clericales?: entendemos que el modelo social laico, respetuoso de la libertad de conciencia y pensamiento, del pluralismo ético, la diversidad e inclusión social, en el cual cada ciudadano pueda vivir conforme sus convicciones sin que la férula clerical le diga, desde el Estado, qué hacer y qué pensar.
Ese proyecto de sociedad es el que, a pesar de los logros, no termina de consolidarse. Frente a él sigue estando el referido modelo social impulsado por los obispos, sobre todo, en materia de sexualidad, familia y educación, cuestiones temporales respecto a las cuales la iglesia Católica no tiene competencia.
La relación entre Estado e iglesia, poder político y poder religioso, es una de las cuestiones más estudiadas por la historia de las ideas políticas a lo largo del tiempo. El que nos toca vivir permite detectar ciertos elementos de clericalismo que nos llevan a no ser optimistas en cuanto a cómo se resolverá aquélla.
Por ello, los sectores sociales y políticos que impulsan el laicismo tienen la enorme tarea de construir esta opción institucional que permitirá a la ciudadanía contar con un escenario donde las libertades de decisión y elección puedan ejercerse sin otro límite que las leyes de la Nación, sin grilletes clericales.
(1) BADA, Joan, Clericalismo y anticlericalismo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002, p. 10.
(2) MALLIMACI, Fortunato, Atlas de las creencias religiosas en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2013, p. 179.
(*) Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Cuyo.