Los fiscales solicitaron la pena para el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex aviador Luis Fernando Estrella, acusados de hacer pasar como un accidente de tránsito al homicidio del religioso.
La Fiscalía solicitó que se condene a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y al ex aviador Luis Fernando Estrella por el homicidio del obispo Enrique Angelelli y por el homicidio en grado de tentativa del sacerdote Arturo Pinto, ambos como autores mediatos. El dictador Jorge Rafael Videla, el ex general Albano Eduardo Harguindeguy y el ex comisario Juan Carlos Romero también estaban imputados en esta causa pero murieron antes de que comenzara este proceso. Los fiscales Michel Horacio Salman, Darío Illanes y Gustavo Gimena consideraron probado que lo que se intentó hacer pasar como un accidente de tránsito, en realidad no fue otra cosa que un homicidio planificado y ordenado en el marco del plan sistemático del terrorismo de Estado.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que en ese contexto, quien era ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy dio la directiva de eliminar a los grupos vinculados al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Siguiendo sus instrucciones, el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el entonces general Luciano Benjamín Menéndez, delineó e implementó el asesinato de Angelelli.
Lo hizo junto al ex vVice Comodoro Luis Fernando Estrella, quien era el jefe del Escuadrón de Tropas y del Departamento Aeródromo de la Base Aérea Chamical CELPA (Centro de Ensayo y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados)
En su alegato, los fiscales subrayaron que en el sumario policial realizado por el supuesto accidente figuraba que una de las ruedas del móvil en el que viajaban Angelelli y Pinto tenía un pequeño orificio similar a las perforaciones de bala. Además, puntualizaron que «llamativamente» ese neumático nunca se encontró. Tambié, destacaron que los policías que hicieron el sumario aseguraron que recibieron la orden de hacer tres juegos: uno para la causa, otro para el Tercer Cuerpo del Ejército comandado por Menéndez y otro para el Ministerio del Interior a cago de Hargundeguy.
Los representantes del MPF señalaron que pese a que no existía reglamentación alguna para que ningún accidente fuera investigado por el Ejército, este fue el único donde intervino la Fuerza Aérea y el Ejército; y que en la autopsia se hicieron presentes uniformados.
La Fiscalía hizo hincapié en que el comisario De la Fuente (ya fallecido) se llevó la documentación del obispo encontrada en el auto entre la que figuraba una carpeta con información sobre los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville ocurrido días antes. Los fiscales concluyeron que está probado que a la Policía le interesaba eliminar esos rastros.
Además, para los representantes del Ministerio Público fue muy importante uno de los testimonios que aseguró que vio dos autos, uno blanco y otro rojo, que se dieron a la fuga. En uno de los vehículos, se comprobó que iba un suboficial de la Fuerza Aérea de apellido Garnica.
También, le dieron relevancia a la audiencia que tuvo Angellelli con Menendez en marzo de 1976, en donde le había pedido el cese de la persecución a la diócesis riojana. El general no sólo no lo aceptó, sino que le había dicho que su sueño era ser un armado caballero cristiano luchando con la espada en una mano y la Biblia en la otra.
Salman, Illanes y Gimena consideraron que algunos documentos presentados como pruebas son fundamentales para que se haya logrado el total esclarecimiento del hecho. La documentación enviada por el Vaticano en la que Angelelli denunciaba ante Pío Laghi la persecución que sufría su diócesis; la existencia de un legajo sobre Angelleli y sus actividades en la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal, y la agenda personal del Pro Vicario castrense Victorio Bonamin en la que el día 2 de septiembre hay una anotación que dice: “Murió el Obispo Angelelli. Será de un tiro en la cabeza?” fueron parte de las pruebas destacadas por los fiscales.
El juez que investigó el supuesto accidente en que murió Angelelli era un policía retirado, Rodolfo Vivo, al que le dieron la matricula el 7 de julio de 1976 y al poco tiempo lo designaron juez de Instrucción de la Provincia de La Rioja. El 30 de agosto, apenas 26 días pasados desde que había ocurrido el hecho, archivó la causa. Vivo fue juez hasta diciembre de ese mismo año.
El Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, de Catamarca, y Carlos Lascano, de Córdoba; y con la presidencia del local José Camilo Quiroga Uriburu, dará a conocer la sentencia el 4 de julio.
El hecho
El homicidio de Angelelli ocurrió el 4 de agosto de 1976 cuando el Obispo se trasladaba junto a Pinto desde desde Chamical con destino a la ciudad de La Rioja, al mando del utilitario Fiat 125 Multicarga. Ambos llevaban consigo una carpeta con información sobre el homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville, ocurrido días antes.
Cuando transitaban por el kilómetro 1056, fueron alcanzados a gran velocidad por un auto de color claro –presumiblemente, un Peugeot 404- conducido por personas que no han podido ser individualizadas en la investigación.
El vehículo claro alcanzó a la camioneta de Angelelli y Pinto por la izquierda y luego la encerró hacia la derecha con una maniobra intencionalmente brusca, que produjo una explosión y el vuelco del rodado, que trajo como resultado la muerte del obispo y las lesiones en Pinto.
Tiempos difíciles
Los fiscales recordaron que ya en 1973 Angelelli se había ganado la antipatía de la oligarquía local cuando junto a campesinos intentó expropiar latifundios en desuso para que formen parte de una cooperativa agrícola. Los terratenientes se opusieron, lo apedrearon y no le permitieron ingresar a la Iglesia de la ciudad de Aminga.
Entonces, el diario “El sol” comenzó a hablar de Angelelli como “Satanelli”, o “ El Obispo marxista”, o “El Obispo rojo», y a perseguir a los sacerdotes de su pastoral. Esto se agravó cuando se produjo el golpe cívico-militar, pero antes ya había religiosos que habían sido detenidos. El 18 de julio de 1976, secuestraron en Chamical a los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville, quienes tres días después aparecieron muertos. El 25 de julio, asesinaron al laico Wensceslao Pedernera a balazos en la puerta de su casa.
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