La Procuración Penitenciaria de la Nación cuyo titular es Francisco Mugnolo, expresó su preocupación por el fallecimiento de un joven a causa de las lesiones que sufrió cuando la semana pasada su celda se incendió en la cárcel de Marcos Paz. El joven habría iniciado el fuego en reclamo al traspaso a otro pabellón.
El fallecimiento ocurrió el lunes 16 de junio pasado. El joven tenía 24 años y se encontraba internado en el Hospital San Martín de La Plata. La semana pasada había sufrido graves lesiones luego de un incendio que ocurrió en la celda que en la que se encuentra alojado en el CPF II de Marcos Paz.
Según explican desde la Procuración Penitenciaria “el fuego habría sido desatado por la propia víctima, como reclamo extremo ante la negativa de la administración penitenciaria a retirarlo del pabellón donde corría grave riesgo su integridad física”.
“El hecho se inserta en un cuadro general de alarmante incremento de los niveles de muertes violentas de personas privadas de su libertad, en especial, de aquellas que resultan consecuencia de incendios”, explicaron desde el organismo.
Desde el 2009 la PPN realiza investigaciones administrativas, exhaustivas e independientes ante cada fallecimiento ocurrido bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Como consecuencia de ello “el organismo ha podido advertir de modo reiterado en sus últimos informes anuales al Congreso de la Nación sobre el considerable aumento de las muertes bajo custodia desde el 2012”.
Situación que persiste durante el 2014, con ya 21 casos registrados en los cinco meses y fracción transcurridos. “Desde el 2011 también se notó un incremento alarmante de muertes violentas, problemática con plena vigencia durante el 2014 en curso, con 10 casos registrados hasta el momento”, informaron.
A la reciente muerte se suma el caso de un joven adulto en el Módulo V del mismo CPF II en enero, y la de un hombre detenido en la Unidad Nº 6 de Rawson en febrero.
Este último caso, explican desde la Procuración Penitenciaria “vuelve a alertar sobre los elevados e inaceptables niveles de violencia y muerte bajo custodia y la necesidad de instalar generar canales eficaces de comunicación entre las personas detenidos y los agentes penitenciarios y otras autoridades y un plan de prevención e intervención inmediata ante siniestros”.
