La plata para mantener las rutas existe, pero no llega al asfalto: el desplome de la obra vial y el enigma de los fondos retenidos

Mientras las obras viales nacionales registran un derrumbe del 85%, más de $830.000 millones recaudados a través del impuesto específico a los combustibles continúan acumulándose en las arcas del Tesoro Nacional sin ser afectados al fin para el que fueron creados.

El resultado es una contradicción inocultable para millones de ciudadanos: el tributo se paga religiosamente en cada carga de combustible, pero el asfalto se degrada y los caminos del país se tornan cada vez más peligrosos.

Un impuesto con destino específico que cambia de rumbo

El esquema de recaudación vial se sostiene fundamentalmente sobre el impuesto a los combustibles líquidos, un gravamen que históricamente nació con el propósito expreso de financiar la construcción, optimización y mantenimiento de la infraestructura de transporte.

Sin embargo, la retención de estos recursos en el Tesoro Nacional profundiza el freno operativo de Vialidad Nacional, organismo que ve mermada su capacidad de acción en un contexto de fuerte contracción del gasto público.

Con recortes presupuestarios drásticos y una caída interanual de las obras viales que ronda el 85%, la falta de bacheo, señalización y obras de ensanche pone en jaque la competitividad logística del transporte de cargas y expone a los automovilistas a mayores riesgos de siniestralidad vial.

Hacia un nuevo modelo de concesiones

En paralelo a la paralización de la obra pública tradicional y al freno de los fondos directos, avanza en la agenda oficial un nuevo esquema de concesiones privadas. La apuesta apunta a transferir la operación, mantenimiento y explotación de corredores viales clave a manos de empresas privadas mediante peajes o esquemas de Participación Público-Privada (PPP).

No obstante, la transición genera interrogantes e incertidumbre respecto a quiénes asumirán los costos de puesta a punto de rutas que ya arrastran años de desinversión, y de qué manera se garantizará el control estatal sobre trazados que conectan las economías regionales del país.

¿Quién paga las consecuencias?

El peso de esta ecuación recae de manera directa sobre los usuarios y los sectores productivos. Por un lado, el consumidor continúa soportando la carga impositiva en el surtidor; por el otro, sufre los daños mecánicos en sus vehículos y transita por corredores desprovistos de mantenimiento.

La gran incógnita que deja este escenario es si el reordenamiento fiscal priorizará finalmente la ejecución de los recursos recaudados para salvar una infraestructura crítica al borde del colapso, o si el ajuste terminará por consolidar un modelo donde transitar por rutas seguras sea un privilegio inaccessible.