Drogas, barrabravas y delegados sindicales salen a la luz en un juicio por un sicariato

El juicio por el asesinato de Gabriela Pérez ha destapado una red que involucra a sindicalistas, barrabravas, sicarios, amenazas y narcotráfico, enmarcada en una feroz disputa territorial dentro del peronismo cordobés.

El crimen ocurrió el 9 de septiembre de 2023 durante un almuerzo del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en el Club Yapeyú, cuando un hombre abrió fuego contra el recinto.

Pérez recibió un disparo letal en el cuello en un ataque cuyo objetivo principal, según se sospecha, era el secretario general del gremio, Sergio Fittipaldi.

Detrás del hecho trasciende la pugna por el control de una estructura sindical de 20.000 afiliados que prestan servicios en hospitales, escuelas y dependencias públicas.

La confrontación enfrenta a dos sectores clave del esquema provincial:

• Sergio Fittipaldi (Soelsac): Líder de las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba y exlegislador de Hacemos Unidos por Córdoba. Cuenta con una clara alineación con el gobernador Martín Llaryora.
• Franco Saillén (Surrbac): Referente del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Limpieza de Córdoba y exlegislador provincial vinculado históricamente al kirchnerismo. Su padre, Mauricio Saillén, enfrenta causas en la Justicia Federal por supuesto lavado de activos.

Acusaciones cruzadas y derivación federal

Como primer testigo de las audiencias, Fittipaldi declaró durante varias horas y sostuvo que el ataque armado estaba dirigido en su contra. Además, acusó directamente a Saillén y a la cúpula del Surrbac de intentar cooptar el Soelsac para desplegar un esquema delictivo mayor.

«Querían quedarse con el sindicato para aprovechar su presencia territorial y multiplicar los puestos de distribución de drogas», afirmó Fittipaldi ante los jueces.

A raíz de estas afirmaciones, la Fiscalía Federal citó al titular de Soelsac a ratificar y ampliar sus denuncias de manera formal.

Por su parte, Franco Saillén rechazó enfáticamente los señalamientos, asegurando que carecen de pruebas objetivas. Como contraofensiva, recordó que un hermano del propio Fittipaldi fue detenido en 2025 en el marco de una causa por narcomenudeo, y solicitó que no se utilice el homicidio de Pérez para instrumentar ataques políticos.

El avance del proceso judicial vuelve a colocar al gobierno de Llaryora ante un escenario complejo en el entramado gremial y político local, tras un periodo marcado por desprendimientos y causas judiciales que han rozado a diversos dirigentes del oficialismo provincial.