La gestión pública de la Argentina atraviesa un momento crítico que demanda un análisis severo sobre el rumbo del país.
La política económica y administrativa adoptada por la actual gestión nacional ha encendido alarmas en pilares estratégicos para el desarrollo soberano: la ciencia, la tecnología y el aparato productivo nacional.
El desfinanciamiento de instituciones clave como el CONICET, el INTA y el INTI, junto con el freno a proyectos históricos en materia de energía atómica con fines pacíficos, plantea una preocupante regresión hacia un modelo de país primario.
Reducir la capacidad científica e industrial no es solo una decisión de ajuste fiscal; representa el desmantelamiento del conocimiento y de la autonomía técnica construidos durante décadas.
A esto se suma la urgente necesidad de rendición de cuentas sobre la administración de los fondos públicos. Las inquietudes en torno al manejo de los recursos viales, los fondos previsionales de la ANSES, la disolución de fondos fiduciarios y las decisiones respecto a las reservas patrimoniales del Estado requieren explicaciones claras y auditorías rigurosas. Cuando la transparencia falla, la sospecha de irregularidades se consolida en la opinión pública.
El ejercicio del poder exige máxima responsabilidad y apego a la ley. La ciudadanía exige que cada partida presupuestaria, cada recurso estratégico y cada decisión patrimonial sean auditados por los organismos de control y, de ser necesario, por la Justicia.
La reconstrucción del país no puede darse sobre la base del vaciamiento ni del menoscabo de sus instituciones; la soberanía y la transparencia deben ser, indefectiblemente, la prioridad de cualquier gobierno.
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