Clínicas de cuatro provincias suspenderán la atención a PAMI por primera vez en la historia: «No pasó ni en 2001»
El desfasaje entre los aranceles y la inflación congeló las prestaciones en la Patagonia. Advierten que los montos no cubren ni el material descartable y señalan la gestión de Mario Lugones.
En un hecho inédito para el sistema de salud argentino, clínicas y sanatorios de cuatro provincias de la Patagonia suspenderán de manera total la atención a los afiliados de PAMI a partir del próximo 24 de agosto.
La medida, calificada por los propios prestadores como algo que «no pasó nunca, ni en la crisis de 2001», dejará sin cobertura a casi 300.000 jubilados de la región, para quienes esta obra social representa entre el 25% y el 55% de la actividad médica local.
La decisión es el desenlace de un conflicto que se profundizó desde junio, cuando las instituciones comenzaron con restricciones graduales en guardias, derivaciones y cirugías programadas.
La causa central es el severo rezago de los honorarios frente a la inflación acumulada, que ya alcanza el 19,3% en lo que va de 2026, mientras que la actualización otorgada por el Ejecutivo fue de apenas la mitad.
Números en rojo y reclamos al Gabinete
La brecha económica dejó a los centros médicos en una situación operativa insostenible:
- Desfasaje arancelario: Frente al aumento del costo de vida, el Gobierno acordó solo un 6% de incremento a liquidarse en octubre.
- Promesas incumplidas: Los prestadores denuncian que un reajuste extra del 1,9% negociado por el ministro de Salud, Mario Lugones, nunca se concretó.
- Costos insostenibles: En especialidades como urología, el módulo asignado por PAMI no alcanza para pagar ni el material descartable, dejando al descubierto honorarios profesionales, quirófano, hotelería y enfermería.
Éxodo profesional y crisis estructural
El congelamiento de recursos derivó en un vaciamiento progresivo del sistema, marcado por despidos encubiertos y la renuncia masiva de especialistas.
Desde el sector privado califican la postura oficial como «dogmática» y aseguran que la falta de respuestas busca forzar a que el costo de la atención recaiga directamente sobre los afiliados.
Con las consultas suspendidas y las urgencias saturadas, el conflicto amenaza con paralizar por completo la salud privada en el sur del país.
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