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Por el escándalo de Corrupción en la ANDIS

El fiscal Franco Picardi elevó un dictamen de 276 páginas al juez federal Sebastián Casanello solicitando la detención y posterior declaración indagatoria de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y otros cinco imputados por presuntas coimas y desvío de fondos en el organismo.

El pedido de detención incluye también a Daniel María Garbellini, director de Acceso a la Salud de la ANDIS, y a Miguel Ángel Calvete, un hombre vinculado a droguerías y laboratorios. La solicitud del fiscal se extiende a los empleados del organismo Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, y a Pablo Atchabahian, quien fue funcionario de la ANDIS entre 2018 y 2019. Además, Picardi pidió la citación a declarar de otras nueve personas involucradas en la investigación.

Pruebas Contundentes y el Fantasma de Karina Milei

El extenso dictamen de Picardi, al que accedió LPO tras el levantamiento del secreto de sumario este viernes, detalla el complejo entramado de corrupción a partir del análisis de la prueba recogida en teléfonos celulares, dispositivos informáticos y documentación incautada durante los allanamientos.

La causa ha sido especialmente sensible ya que los audios de Spagnuolo hacían referencia a Karina Milei como la supuesta beneficiaria de un 3% del dinero desviado.

A lo largo de sus 276 páginas, el fiscal demuestra la intervención de lobbistas de laboratorios y exfuncionarios de la ANDIS para:

• El direccionamiento de compras.
• El pago de sobreprecios en la adquisición de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad).

El escrito incluye una lista de audios e imágenes de chats que comprometen directamente a los pedidos de detención. Incluso, se expone un audio en que uno de los operadores le pide a Spagnuolo que envíe un «fercho» (mensajero) para retirar dinero.

Pagos Indebidos y el Sistema Irregular de Contratación

La fiscalía sostiene que «los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS».

Como prueba de los pagos, el dictamen describe una conversación que involucra a Spagnuolo:

«Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje», afirma Picardi.

Esta conclusión surge de un chat donde Calvete le pide a Muñoz «cinco palos» en pesos para «El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos», en referencia a Spagnuolo. Además, cámaras de monitoreo registraron a Spagnuolo ingresando al domicilio de uno de los proveedores con una mochila el pasado 13 de agosto.

El fiscal asegura que se puso en marcha un «sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI» que «permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública».

Este mecanismo habría beneficiado a un «selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos» a cambio de beneficios ilícitos, detectándose un sistema de compulsas ‘especiales’ con solo cuatro oferentes invitados, donde dos actuaban como «competencia aparente».

Picardi concluye que «a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos indebidos a funcionarios/as […] en especial a Diego Orlando Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a personas con discapacidad».

El juez Casanello deberá ahora decidir si hace lugar al pedido del fiscal para las detenciones de los principales imputados y la citación a indagatoria de los involucrados.