Daniel Yanqui López publicó en una de sus cuentas de Facebook un comentario donde intentó culpar a la Municipalidad por no actuar contra la banda allanada y detenida por la UFI 30 en las últimas horas. Sin embargo, fue desmentido categóricamente por otro fiscal y por el propio Carlos Larrarte en diálogo con Necochea Digital.
Algunos políticos creen que pueden utilizar cualquier situación para golpear, en este caso a la administración de Arturo Rojas, con posturas insólitas y hasta ridículas. Daniel Yanqui López había escrito: «¿En serio había una cueva narco en el piso de arriba del centro de monitoreo? ¿Dicho centro se inauguró hace exactamente un año y una semana, y en todo ese tiempo quienes deben velar por la seguridad con cámaras en toda la ciudad no se dieron cuenta que por la puerta de al lado y arriba (literal) de sus cabezas pasaba eso? De mínima el HCD tiene que pedir una interpelación».
Posteriormente, José Luis Cipolletti, fiscal del Departamento Judicial Necochea, le contestó: «Dany, la investigación comenzó en 2021, con una reunión de pruebas muy precisa y profusa, con muchísimo trabajo y discreción que permitió individualizar autores y partícipes, detenerlos y desbaratar la organización. Fue un rotundo éxito en el allanamiento. Estas cosas no se resuelven con un ‘llame ya’.»
Más adelante, Cipolletti le aclaró que «es un hecho que incumbe a las instituciones policiales, de seguridad y a la justicia y que excede las posibilidades municipales, además de la incumbencia. ¿Qué pensás que tendría que haber hecho la Municipalidad en este caso, que se manejó con extrema discreción para no perjudicar la investigación y obtener los mejores resultados posibles?».
En la mañana de este jueves, en diálogo con Quimey Marfil, el agente fiscal titular de la UFI 30, Carlos Alfredo Larrarte, confirmó absolutamente que el COM no tiene ninguna injerencia ni participación en esta investigación, y que, de hecho, proporcionó datos que ayudaron a la misma.
El Centro de Monitores de la ciudad, aportó datos importantes para la investigación, siendo que arriba de las oficinas del COM, se encontraba una oficina de una de las empresas investigadas, propiedad de Jover y Martí.
Además informó que hasta el momento no se ha encontrado conexión con la muerte de Fiorito, no se descarta ninguna posibilidad hasta que se complete el análisis de la documentación.
Los detenidos serán trasladados a Batán y la causa está en plena etapa investigativa bajo la supervisión de la Dra. Aida Lhez. El dinero incautado se depositará hasta el día del juicio, momento en el que se determinará su destino según el veredicto. Queda pendiente un exhaustivo análisis de los datos y pruebas para avanzar en la causa.
Los procesados, incluyendo a Noel Augusto Martí y Carlos María «Pitín» Amondarain, han sido acusados de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas, según lo determinó la jueza de garantías Aída Lehz. Jover, además, enfrenta cargos por tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra.
Es lamentable que se intente confundir a la comunidad con expresiones que marcan varias situaciones: desconocimiento, mala fe, impericia, y querer utilizar políticamente un hecho judicial ajeno al ámbito municipal.
La postura de entidades ajenas a la justicia, sobre todo en hechos delictivos como los descubiertos, debe ser de prudencia, de no involucrarse para no entorpecer el accionar de la justicia. La labor del COM ha sido excelente desde su inauguración, ayudando a la justicia y a la policía a esclarecer situaciones delictivas, que es el papel que le corresponde.
Con la postura de Daniel Yanqui López, ¿todos los vecinos que vivían en ese edificio deberían ser detenidos como supuestos cómplices? Lamentable.
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