Habiendo finalizado otra de las tantas “Consultas Ciudadanas”, simples e infundadas, que suele convocar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para tratar incrementos de las tarifas de peaje en la Red Vial Nacional concesionada, en este caso en particular se autorizó el aumento del 100 % para los Accesos Norte y Oeste, contemplando, además, ajustes mensuales a través del denominado coeficiente de variación tarifaria (CVT).
Más allá del aumento tarifario propuesto, hay que considerar la situación judicial por las renegociaciones contractuales de Ausol y GCO que fueron aprobadas en el año 2018 por la administración del Ex Presidente Mauricio Macri y que tuvieron como puntos salientes la extensión de las concesiones hasta el 2030 y una compensación estatal de casi 750 millones de dólares. Cabe destacar que prácticamente fue un nuevo contrato, sin licitación y sin convocar a audiencia pública.
Mientras se esperan novedades en la causa judicial donde se investiga si se incurrió en defraudación al Estado y en negociaciones incompatibles con la función pública existiendo además auditorías integrales, desde el CONADUV se entiende que no es el momento para autorizar ajustes tarifarios.
Justamente es muy importante el resultado de esas auditorías para determinar si continuarán en pie las dos concesiones en cuestión.
Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó: “que cabe tachar de nulidad absoluta e insanable el incremento tarifario propuesto, solicitando a las Autoridades correspondientes no autorizar el aumento en cuestión para las tarifas de peaje en los Accesos Norte y Oeste.”
La Auditoría General de la Nación, a través de un reciente informe publicado en el año 2023, impide la implementación del aumento tarifario. No se pudo constatar las inversiones que sustenta el incremento. En el informe se afirma que no pudo corroborarse cómo se determinó el monto de las inversiones no amortizadas (u$s 540,5 millones) que constituye un elemento fundamental del acuerdo. En otor orden se planteó que la Constitución Nacional en su artículo 42 exige proteger a los usuarios, con entes reguladores y marcos regulatorios, y eso en la actualidad no existe ya que el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue disuelto, y tampoco se cuenta con el Defensor del Pueblo de la Nación, que está acéfalo desde hace años.
El incumplimiento de la ley 25.790, la ausencia de aprobación del Congreso
Por su parte Jorge Zatloukal, integrante del CONADUV, manifestó respecto a la implementación del aumento que «no debería aplicarse, ya que carece del aval legislativo», agregando que la propia Auditoría General de la Nación ya señaló textualmente en su dictamen que «constató que se incumplió con las pautas del proceso de renegociación de los Contratos (Decreto 367/16). En efecto, por un lado, no se dio intervención a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso de la Nación para la aprobación de la propuesta de renegociación, incumpliendo la Ley 25.790. » sumó.
Zatloukal agrego, «la aplicación del aumento no es recomendable, debería revisarse todo lo actuado, ya que el estado argentino declinó su competencia en la regulación», puntualizando que la propia auditoría indico que “Su extensión deja en manos de un árbitro tercero, extranjero, toda cuestión contractual y/o regulatoria, incluidas las tarifarías y penalidades, durante los próximos 13 años”
Conflicto de intereses
La renegociación actualmente vigente, que habilitó el nuevo aumento, se aprobó en 2018 y en esa ocasión, por recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA), la firma del Acuerdo se concretó en la figura de la Vice Presidenta de la Nación, en tanto el entonces presidente debió excusarse de formalizar el referido acto.
En su informe, la OA advirtió del potencial conflicto de intereses que surge a partir de que “…la empresa SOCMA AMERICANA S.A., sociedad en la que son socios personas físicas vinculadas familiarmente con el Señor Presidente de la Nación, es controlante de SIDECO AMERICANA S. A. y esta última fue accionista de AUSOL S.A. ..»
