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Ante cada accidente de tránsito que se produce en Necochea, el Hospital Municipal «Emilio Ferreyra», es el efector que atiende a los heridos, sin embargo las aseguradoras no pagan un peso.

Este tema está siendo analizado por el Concejo Deliberante, para avanzar en una ordenanza específica sobre el tema aunque hay legislación al respecto.

Las aseguradoras cobran a sus clientes un monto específico contra terceros, para atender este tipo de situaciones, pero hacen silencio y no se presentan a abonar los gastos que se producen ante cada accidente.

En el mundo, actualmente los siniestros de tránsito constituyen la octava causa de muerte en todos los grupos etarios.

Según la OMS, hoy en día muere más gente por causa de los siniestros viales que por otras enfermedades como el HIV, la tuberculosis, o la diarrea.

Por su parte, las lesiones causadas por el tránsito son una epidemia desatendida, sobre todo en los países en desarrollo.

Si bien no hay datos definitivos sobre la cantidad de personas que sobreviven con alguna forma de discapacidad permanente por causa de lesiones de tránsito, se estima que, por cada muerte relacionada, las lesiones no mortales oscilan entre 10 y 50 veces más.

Con el objetivo de poder mensurar, no sólo la prevalencia de la mortalidad en la población sino también el impacto que tienen las distintas enfermedades en la calidad de vida de las personas, es que hace varios años se empezaron a desarrollar los estudios de “Carga Global de Enfermedad”. Estas mediciones se enfocan en medir la perdida de salud global que se genera en una población por la presencia de una enfermedad. Para ello, estos enfoques utilizan el concepto de Años de vida perdidos y Vividos con discapacidad, también conocido como DALYs (Disability Adjusted Life Years), concepto que actualmente permite incorporar a las lesiones causadas por siniestros viales como un factor que afecta el nivel de bienestar de una sociedad.

Un estudio realizado por la ANSV sobre Carga Global de Enfermedad por lesiones de tránsito en Argentina (10) muestra que, durante el año 2017, los años de vida perdidos y vividos con discapacidad como producto de las lesiones de tránsito ascendieron a 328.610,3 años de vida saludable. De éstos, 270.202,9 correspondieron a los años perdidos por muerte prematura mientras que 58.407,4 a los años vividos con discapacidad.

El cálculo de la tasa de DALYs (años de vida perdidos y vividos con discapacidad cada 100 mil habitantes) para Argentina permite compararla con las obtenidas por otros países de la región de Latinoamérica y del resto del mundo. Así, por un lado, se observa que ésta es significativamente más alta que la tasa de los diez países con mejores indicadores de desempeño en seguridad vial del mundo: mientras estos países ostentan en promedio una tasa de DALYs de 333,1, Argentina evidencia una tasa de 746,1. Pero, por otra parte, si se compara su tasa con las del resto de los países latinoamericanos, Argentina se ubica como el cuarto país con la carga global de enfermedad más baja como consecuencia de la siniestralidad vial dentro de la región. De esta manera, si bien a nivel regional el país no aparece entre aquellos con peores tasa DALYs, aún se encuentra muy lejos de la tasa obtenida por los países del mundo con mejores indicadores.

Además, el estudio evidenció que los años de vida perdidos y vividos con discapacidad se generaron en mayor proporción entre los hombres y en los jóvenes del rango de los 15 a los 34 años. Respecto a las lesiones de tránsito no mortales que generan una carga en la morbilidad, la gran mayoría de los diagnósticos analizados en lesionados que fueron atendidos en el sistema de salud se vincularon con traumatismos múltiples y de cabeza, los cuales derivan en muchos casos en una discapacidad permanente o la pérdida de la autonomía para valerse por uno mismo, generando una reducción en la calidad de vida de las víctimas.

Conclusión

Como dan cuenta los distintos datos analizados sobre las consecuencias de la siniestralidad vial, los traumatismos causados por el tránsito representan una carga importante tanto para las economías nacionales como para la de los hogares, así como también impactan fuertemente afectando cotidianeidad y la calidad de vida de las víctimas y de su entorno cercano.

Los impactos evidenciados invitan a reflexionar sobre la carga (económica, psicológica, social) que se genera en la sociedad como consecuencia de la inseguridad vial. Por cada fallecido o lesionado grave por causa del tránsito, se genera una pérdida para la sociedad que abarca desde los costos hospitalarios, administrativos, de la propiedad y pérdida de productividad por el fallecimiento prematuro o la lesión grave de las víctimas, hasta los costos inmateriales del dolor y el sufrimiento de las mismas.

En este sentido, estimar los costos de los siniestros y los traumatismos causados por el tránsito ayuda a dimensionar la gravedad del problema y comprender las ventajas del diseño e implementación de intervenciones costo-efectivas de prevención y tratamiento de las lesiones de tránsito. De esta forma, además, uno de los beneficiados sería el sector sanitario, ya que una mejor prevención de las lesiones reduciría las hospitalizaciones y la gravedad de los traumatismos. Para ello, es necesario que en los diferentes niveles de Gobierno (Nación, Provincia, y Municipio), se desarrollen acciones de investigación y desarrollo que permitan conocer en profundidad la etapa posterior a la ocurrencia de los incidentes viales, incluyendo la magnitud de sus costos.

Sin embargo, lograr estos objetivos suele encontrarse con ciertas limitaciones, dado que, en los países de ingresos bajos y medianos como el caso de Argentina, es más difícil estimar los costos por la falta de datos que se requieren para elaborar los diferentes indicadores que conforman la herramienta de costeo integral de la siniestralidad vial. De aquí la importancia de generar sistemas de datos en seguridad vial que sean confiables y de buena calidad.

Por un lado, entonces, contar con estimaciones de los costos asociados a los siniestros viales resulta relevante por varios motivos: (i) porque posibilita que las inversiones en seguridad vial sean priorizadas adecuadamente en relación a otras prioridades de política pública; (ii) es útil para resaltar los importantes beneficios económicos en los que deriva invertir en prevención; (iii) permite construir análisis de costo-beneficio que estimen el retorno social que tiene la inversión en infraestructura y seguridad vial (iv) constituye un elemento de discusión valioso para resaltar la importancia que revisten las políticas de seguridad vial para la sociedad como un todo, con el objetivo de lograr un mayor nivel de sensibilización social sobre el tema.

Por otro lado, conocer la carga global de enfermedad y comprender en profundidad los impactos de las lesiones de tránsito en la vida de las víctimas y su entorno familiar permite un mejor diseño de políticas públicas de contención y acompañamiento de éstas post ocurrencia del siniestro vial. Ejemplo de esto último, lo constituye la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales llevada adelante por la ANSV, la cual brinda orientación y asesoramiento gratuito a los afectados en distintas áreas.

En suma, de lo que se trata es de enfocar la mirada en la etapa del “post-siniestro”, midiendo y conociendo en profundidad el impacto que generan los siniestros viales en la sociedad de forma holística para luego actuar en consecuencia, en total concordancia con el pilar de gestión de la seguridad vial que propone Naciones Unidas (ONU) “Respuesta tras los incidentes” (12), en el cual se insta a los países a aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los siniestros de tránsito y mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas tratamiento de emergencia apropiado y rehabilitación a largo plazo.