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Desde la CRA, una de las poderosas entidades del campo salieron al cruce de Javier Milei por una medida sobre la tenencia de granos.

El presidente Javier Milei tuvo un nuevo encontronazo con el campo y, tras las críticas que recibió de una poderosa organización por la reforma a la Ley de Tierras que aplicó a través del mega DNU, ahora tuvo quejas por una reforma respecto de la retención de granos.

Es que desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que conforma la mesa de enlace, señalaron que «la resolución del BCRA que penaliza a los productores que mantienen soja -a través de un encarecimiento de la tasa de interés- es una medida que discrimina y perjudica a los productores».

En esa línea, argumentaron que la tenencia de granos «no es especulativa», sino «una reserva de valor ante los futuros aumentos de los costos de producción».

«Pedimos al Gobierno que se reconsidere esta medida arbitraria y que elimine este tipo de acciones que marginan a los productores», señalaron desde la entidad y fulminaron al presidente al señalar que «la libertad se ejerce, no solo se pregona».

A fines de año, tras la publicación del DNU desde la Federación Agraria Argentina (FAA), emitieron un duro comunicado en el que ratificaron su «compromiso republicano» y señalaron como «fundamental» el «respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé nuestra Constitución Nacional, pues ella impide el avallasamiento de un Poder sobre el otro».

«En este sentido, entendemos que acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible», sentenciaron.

Particularmente, expresaron el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras, que permite «la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país» y señalaron que «sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales».

«Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores», señalaron.