El Gobierno bonaerense busca actualizar el precio de los impuestos por inflación. Además, prevé aumentos de hasta el 300% en sectores específicos de alto poder.
Con una economía totalmente guiada por la incertidumbre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no solo tomó la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023, sino que busca aplicar una medida inédita: los impuestos tendrán cláusula gatillo.
Esto es, en concreto, que en la Ley Impositiva que la semana que viene debatirá la Legislatura, suma un artículo que permite que los impuestos tengan actualización según crezca la inflación.
Así lo confirmaron desde el interior del gabinete provincial, donde sacan cuentas a contrarreloj a sabiendas de que el presidente libertario, Javier Milei, limitará el envío de dinero que quede por fuera de los giros automáticos que habilita la Ley de coparticipación.
Vale aclarar que cuando el Poder Ejecutivo envía la Ley Impositiva para su tratamiento, define cuánto van a aumentar los impuestos por el plazo de un año. Lo cierto es que ahora, con la previsión de que la inflación rondaría el 300 por ciento, Kicillof y su equipo económico buscan que se pueda actualizar a lo largo del 2024, aunque no se aclaró cada cuánto.
Esto alcanzaría a los impuestos patrimoniales y uno de los argumentos de respaldo es que este sistema de actualización ya se aplica en otras provincias como Mendoza o Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuánto van a aumentar los impuestos y cuáles tendrán más alzas?
El equipo económico bonaerense definió que el camino impositivo, así como lo hicieron en los cuatro años anteriores, sea apuntar a un sistema de progresividad que grave de manera más elevada a los que más tienen.
En primer lugar, se determinó que ese esquema se aplicará sobre los impuestos inmobiliario urbano, inmobiliario rural y automotor. “Las partidas que mayor valuación fiscal tengan, tendrán carga más alta, buscando que el incremento esté debajo de la inflación, aunque es difícil tener claridad”, confiaron desde la administración provincial.
En segundo término, la normativa que tratará la Legislatura el próximo jueves, tendrá un complemento: el Gobierno busca reservarse facultades y potestades que le permitan focalizar sobre sectores concentrados y que, entienden, resultan beneficiados por las medidas que tomó el Gobierno nacional.
Esto es, se explicó, focalizar en los puertos a través de un tributo por carga y descarga, los servicios de gestión aduanera y los de almacenamiento en silos; como así también un punto especifico que tiene que ver con el inmobiliario rural. Si bien no se piensa en un revalúo -que sí se abordará por Ley el año entrante-, se apunta a sectores de mayor solvencia. Habrá que evaluar cómo lo tomen las entidades del campo.
Asimismo, el Gobierno armó una estructura que determina que el incremento de los tributos patrimoniales será, en promedio, en torno al 200 por ciento y donde un 10 por ciento de las partidas, las más elevadas, alcancen hasta el 300 por ciento de aumento.
Finalmente, en el cado de Ingresos Brutos (IIBB), trandrá un aumento de caracter extraordinario, pero se focaliza en sectores que quedaron por debajo de lo que permite el Consenso Fiscal y de las alícuotas de jurisdicciones vecinas, como CABA, por lo que se buscará equipararlo.
