El decretazo de Milei avanza sobre leyes laborales y otras normas de orden público que anticipan una pelea judicial. Son más de 350 normas contenidas en el DNU.
Esta vez Javier Milei no decepcionó. El famoso decreto omnibus avanza sobre tantas áreas centrales de la vida cotidiana, contratos de trabajo, alquileres, sistema de salud, régimen de tierras, que plantea un verdadero cambio de régimen, hacia una economía mucho más liberal. El problema es su viabilidad legal.
Por eso, apenas el Presidente terminó su mensaje, empezaron a circular las dudas sobre la constitucionalidad de los anuncios: la reforma laboral por decreto así como la derogación de la Ley de Alquileres y la Ley de Tierras. «No puede, son de orden público», dijo a LPO un experimentado abogado laboralista.
La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, también llamada Ley de Tierras, es una normativa que limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras.
En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Derogada la ley, ya no hay límite.
Respecto a la derogación de la Ley de Alquileres, que fue anticipada por el diputado Martin Menem presidente de la Cámara, el argumento fue que «el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea», dijo Javier Milei durante la cadena nacional.
Sin embargo, lo que se abre son múltiples preguntas para lo inmediato: ¿en qué moneda se pautarán los contratos?, ¿cuál será su duración y cada cuánto el período de ajuste?, ¿se aumentarán siguiendo qué propuesta?, ¿qué garantías se exigirán a las y los inquilinos?
Según Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, «derogar esta Ley a través de un DNU carece de toda legalidad y desde la Federación de Inquilinos Nacional vamos a plantear la inconstitucionalidad».
Las polémica sobre la constitucionalidad de las medidas contenidas en el decreto también ponen en duda la viabilidad de la reforma laboral.
Tal como lo reconoció el presidente, el objetivo principal de la reforma es achicar el costo laboral de las empresas. Y uno de los puntos clave para lograrlo es la reducción de la indemnización por despido, en línea con los históricos pedidos de las principales cámaras patronales.
Ademas, el gobierno impone la creación de «un fondo de cese laboral» para cubrir las indemnizaciones por despido a partir de un aporte mensual que debería hacer el empleador preventivamente, tomando el modelo de la Uocra.
«Es absolutamente»inconstitucional, el artículo 14 bis de la Constitución no se refiere a reparar el daño que el trabajador sufre, sino a la protección contra el despido arbitrario», explicó a LPO un reconocido abogado laboralista.
«Esto significa que con el Fondo de Cese Laboral, la protección no existiría porque al empleador el despido no le costaría más que un porcentaje mensual que de todos modos estaría obligado a pagar. Salvo que los jueces cambien muchísimo, esa propuesta no pasaría ni siquiera vía convenio colectivo», agregó el abogado.
