El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechaza la nueva convocatoria a la “Consulta Ciudadana” convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje que se cobran en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Puente Rosario – Victoria y Accesos Norte, Oeste y Riccheri – Ezeiza – Cañuelas, y que encima ya está autorizado de antemano.
Es sumamente grave que dicha Consulta Ciudadana que vence el 31 de octubre del corriente, simple e infundada y ni siquiera convocando a una audiencia pública, se lleve a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. “Cabe destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.”
Se imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encuentra definido y aprobado en las respectivas Resoluciones redactadas por las autoridades correspondientes.
“Los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr. Gabriel Katopodis, ni del Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), señor Gustavo Arrieta.”
El tema no pasa por modificar los cuadros tarifarios constantemente, sino que debería analizarse el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo desde los años 90. “Contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias a la utilidad nacional, y de beneficios abusivos para los concesionarios.”
Es evidente que podría existir una maniobra tendiente a beneficiar en forma ilegítima a las Empresas Concesionarias, tales como Corredores Viales S. A., Caminos del Río Uruguay S. A., Autopistas del Sol S. A. y Grupo Concesionario del Oeste S. A., provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad.
En el caso concreto de los Accesos Norte y Oeste, fue el actual Gobierno, que antes, siendo oposición, denunció que las Empresas Autopistas del Sol S. A. (AUSOL) y Autopistas del Oeste S. A. (GCO) estaban fuera de la Ley y cuestionando la prórroga indebida de los respectivos contratos llevados a cabo durante la gestión del Ex Ministro Guillermo Dietrich. Sin embargo, el poder concedente sigue otorgando en forma reiterada incrementos tarifarios. Además, criticaron y denunciaron a la empresa “estatal” Corredores Viales S. A., innecesaria, burocrática, deficitaria, que se limita sólo a recaudar el peaje como caja política, que actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y que actualmente tiene bajo su administración la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y todas las rutas nacionales concesionadas, excepto el Corredor Vial N° 18 (Rutas Nacionales Nº 12 y 14) y el Puente Rosario – Vitoria, cuyo contrato vence a fines de octubre 2023 y que también pasará a manos de la Empresa Corredores Viales S. A.
Nuevamente desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) intentan paradojalmente, y vaya a saber porque razón, premiar a las concesionarias con otro injustificado incremento de las tarifas de peaje, totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.
Hasta cuándo los usuarios viales deberemos seguir soportando esta verdadera estafa vial que significan las concesiones viales bajo un régimen nefasto de “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional e inviable, y que genera serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto.
El CONADUV rechaza el nuevo tarifazo de peaje, exhortando a las autoridades correspondientes a no dar curso al incremento propuesto, solicitando coraje, voluntad y decisión política al nuevo Gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre para que de una vez por todas se ponga punto final al escandaloso negociado que significan las concesiones viales y que los usuarios viales padecen injustamente desde los años 90.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) reitera su propuesta de:
1) Poner en práctica un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, tanto Nacional como Provincial, LIBRE DE PEAJE, reasignando en forma efectiva los recursos generados a través del Impuesto a los Combustibles. Esto permitiría el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, implicando el desarrollo de la Argentina, generando inversión y puestos de trabajo. A su vez se lograría reducir el costo de transporte, impulsar y mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el índice de accidentes y siniestros viales, promover el turismo, entre tantos otros beneficios.
2) Crear en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, a los efectos de impedir la malversación y desvío de los mismos, terminando así con el abuso por parte del Estado Nacional.
3) Jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo rector de la Política Vial Nacional y Provincial.
