El proyecto de ley de alquileres provincial fue aprobado en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. ¿Cómo sigue el tratamiento en la Legislatura?
La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos aprobó el proyecto de Ley de Alquileres de la provincia de Buenos Aires, y quedó de esa forma habilitada para su tratamiento en la cámara alta de la Legislatura provincial, a la espera de que se trate en las próximas sesiones.
El punto central de la iniciativa, que presentó el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, es que el cobro del 4 por ciento de honorarios y gastos administrativos que hoy se traslada a los inquilinos, deberá ser asumido por los propietarios del inmueble a arrendar.
En diálogo con INFOCIELO, el legislador bonaerense había explicado que es «un proyecto de ley sencillo, que lo único que pretende es eliminar que los costos inmobiliarios de acceso a una vivienda, que afectan a un 20% de la población, no caigan todos en las espaldas de esos inquilinos en el momento de ingresar».
Además, señaló que el proyecto tiene su raíz en la Federación de Inquilinos, que «están haciendo un trabajo importantísimo y durísimo, porque es la parte débil de la relación entre quienes manejan el negocio de los alquileres y quienes necesitan un alquiler, que en general es porque están en una situación de vulnerabilidad».
«Que tengan esa representación militante de una federación es un avance muy grande y nosotros como legisladores tenemos que tener las puertas abiertas cuando además coincidimos con esa pelea», remarcó Durañona y apuntó contra las inmobiliarias: «Se intentó desde el lobby inmobiliario judicializarla para voltearla y hasta la Corte confirmó su legitimidad. Así que es muy viable».
Según el proyecto de ley aprobado, también se eliminaría cualquier tipo de costo para los inquilinos la solicitud de informes de dominio, a realizarse en el Registro de la Propiedad; y las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía y demás trámites previos al alquiler, deberán ser afrontados también por los propietarios.
Por último, la iniciativa también establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres con el objetivo de que “el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible”, explicó Durañona.
“Esperamos contar con el acompañamiento del bloque opositor. Sabemos que esta medida no es suficiente pero sí es un gran paso. En CABA, los costos son asumidos por los propietarios y son muchas las organizaciones que observan el agregado de esto al alquiler real. Sin embargo, prefieren eso ya que el valor se licúa a lo largo de las distintas cuotas”, sostuvo hoy Francisco Durañona.
En tanto que el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, aseguró que se trata de «un proyecto fundamental» para que los bonaerenses no tengan que afrontar los enormes gastos administrativos para ingresar a un alquiler. «Son cifras altísimas para pagar un trabajo que hacen las inmobiliarias para los propietarios», señaló el militante y recordó que «esto ya se aprobó en Capital Federal, La Pampa, Rio Negro y es para nosotros urgente que se convierta en Ley».
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