La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que dé cuenta de la operatoria por la cual fue vendido el Banco Internacional S.A. (BISA) del grupo Sasetru, en el marco de una causa en la que se investiga si la quiebra de ese conglomerado empresarial durante la última dictadura militar constituye un delito de lesa humanidad.
Según documentación a la que accedió Télam, Ochoa libró días atrás un oficio al BCRA para que informe sobre el destino de los 150 millones de dólares que el Bank Of America habría pagado para quedarse con el BISA en una operatoria sospechosa que se concretó en marzo de 1981.
Además, la funcionaria judicial busca establecer cuánto dinero en efectivo y en bonos inyectó previamente el BCRA en el activo del BISA en favor del comprador para corroborar la hipótesis sostenida por los denunciantes, que afirman que el BISA fue adquirido «gratis» en función de una maniobra orquesta por funcionarios económicos de la última dictadura.
«Lo que creemos es que se usaron las instituciones del Estado para hacer desaparecer empresas de capital nacional y generar negocios para beneficiar negocios particulares. Mandaron a la quiebra y a dejar a 10 mil trabajadores en la calle», señaló Jorge Salimei hijo, uno de los últimos directivos que tuvo este conglomerado de empresas y querellante en esta causa.
Con el propósito de acelerar la investigación penal, la fiscal dirigió además oficios en el mismo sentido a la Dirección de Asesoramiento Financiero (DAFI) y a la Procuraduría de Delitos Económicos y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia
En 2013, Salimei presentó una denuncia para que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad, y en la actualidad es investigada por el Juzgado Federal Número 6.
A requerimiento de la Fiscalía Federal número 10, a cargo de Ochoa, que interviene en la causa, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa) elaboró un dictamen que indica que se debe investigar si la sesión de las acciones del grupo se realizó «mediante intimidación contra la voluntad» de los directivos de la empresa.
En diciembre de 2021, la Proculesa -a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos- pidió en un dictamen que se investiguen «las detenciones ilegales» que sufrieron los directivos de la empresa y la «venta ilegítima» BISA -propiedad de Sasetru- al Bank of America por parte de funcionarios de la última dictadura militar.
Una de las hipótesis que se siguen en la causa es que la detención de los directivos de Sasetru y el BISA, ocurridas antes de la venta, tuvo el propósito de «quitarlos del medio» para fraguar una operatoria de transacción cuando en verdad se trataba de un despojo ejecutado con la complicidad de los directivos del BCRA.
Sasetru se constituyó en 1949 y su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios, Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga.
Con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.
En 1975, en pleno «Rodrigazo» (una megadevaluación propiciada por el Gobierno de Isabel Perón), Salimei padre muere y su hijo Jorge debe tomar su lugar en la empresa con 20 años, junto con sus otros dos socios.
A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.
La dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera ejecutado por la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, que incrementó la tasa de interés.
Esa suba tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación para sostener sus niveles de producción.
Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como «La Tablita», que consistía en un cálculo de las devaluaciones programadas de la moneda argentina.
Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador y tuvo un efecto nocivo para Sasetru.
La empresa entró en convocatoria y, desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal, quien desde 1991 vive fuera del país, presionó para la creación de un fideicomiso conformado por «un club de bancos» que se haría cargo de la gestión de Sasetru.
En marzo de 1981, Sasetru fue obligada a entregar sus acciones a este fidecomiso y luego sus directivos quedaron detenidos.
Poco después se concretaba la operatoria para vender el banco del grupo al Bank of American, en el contexto de una operatoria sospechosa.
El Banco de Sasetru se vendió sin autorización del juez y con una maniobra por la cual no les quedó «ni un peso» a los propietarios del grupo, según contó el propio Salimei.
Tras la quiebra, quince directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia, y la empresa cesó sus actividades.
Para Salimei, la quiebra de Sasetru, la detención de sus directivos y la venta «fraudulenta» del banco BISA «forman parte de una misma maniobra» ejecutada por la dictadura.
El «comité de bancos» que se hizo cargo de la acciones de Sasetru estuvo encabezado por Roberto Bullrich, entonces titular del BCRA; Reynal; Juan Ocampo, presidente del Banco Nación; Alberto Huergo, interventor del BISA nombrado por la dictadura, y Jorge Pedro Chirstenesen, representante de la banca privada.
Ochoa le pide ahora al BCRA que informe sobre la «documentación que obre en los registros» de la entidad «relativa a su actuación en el «Club de Bancos» conformado por los acreedores de Sasetru.
Además, solicitó dar con la totalidad de la documentación referida a la designación como letrados del BCRA de Jaime Lamont Smart, Carlos Enrique Malbrán, Ernesto Benito Ure, Enrique Munilla y Carlos Antonio Garavano.
Télam
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