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Mempo Giardinelli, en una editorial escrita este lunes 10 de abril, marcó una propuesta de Maximiliano Cantoni, economista de Quequén.

Esta semana llamó la atención de especialistas el análisis hecho público por Maximiliano Cantoni, un economista de Quequén graduado en las Universidades Nacionales de La Plata y de Quilmes, quien bien conoce el puerto de aguas profundas más importante de esa provincia, cuya concesión venció el año pasado.

Se trata del elevador terminal y el complejo de silos “Ministro De Tomasso”, que se encuentra en Puerto Quequén y fue concesionado en 1992 como parte del alud privatizador menemista.

Cantoni propone ahora introducir correcciones mediante una nueva licitación que permita encontrar otros prestadores, en términos y condiciones reparatorias.

El caso de este puerto es ilustrativo: después de 30 años, esa Terminal tiene participaciones accionarias de las más importantes exportadoras de granos, como las transnacionales Glencore, Bunge&Born y Cofco, pero sin desarrollo territorial y con incumplimiento del canon a pagar y la casi nula fiscalización del Estado, lo que alienta maniobras evasivas y especulativas, y subfacturación de exportaciones.

El trabajo de Cantoni plantea «tres grandes alternativas» a la estructura privatista y neoliberal, a fin de «recuperar parcialmente el rol más activo del Estado en el comercio exterior». Ellas son, en síntesis:

1. Seguir con la misma estructura de concesión, con modificaciones cosméticas. Las mismas empresas transnacionales seguirán usufructuando por muchos años más un elevador de granos que fue construido íntegramente con inversión pública, otra vez sin control ni regulación y con mayor concentración de la riqueza, de hecho descontrolada como en los últimos 30 años.
2. Dar lugar al Estado, acabando con la mala costumbre política de seguir achicándolo para alcanzar un desarrollo que nunca se concreta. Es absurdo crecer sin Estado –postula Cantoni– que es todo lo contrario de lo que hacen Japón, Corea del Sur, Finlandia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Hay que proceder como cuando el Estado Argentino invertía para impulsar la actividad portuaria: así se construyeron los elevadores y en 1992 se aumentó la profundidad de calado a 40 pies para que operaran buques de gran porte. Y también fue el Estado el que en 2008 prolongó la escollera para mejorar la operatividad portuaria. El sector privado, en cambio, sin arriesgar nada es siempre el que acaba apropiándose de las utilidades, y de ahí que Cantoni considera imperativo cambiar la relación entre lo público y lo privado, pasando del vínculo parasitario a uno que contemple el interés general con reinversión en el territorio y sin remisión absoluta de las ganancias a las casas matrices.
3. La tercera alternativa es la presencia más activa del Estado en la gestión del elevador. Volver a antes de los 90, dice Cantoni, «reconociendo la experiencia fallida de la concesión/privatización». El modelo internacional actual muestra en cambio que en los principales países exportadores de granos son empresas estatales las que intervienen activamente en el comercio exterior resguardando los ingresos de los productores y garantizando soberanía alimentaria. Así es en Rusia, Ucrania, India, China, Turquía, Canadá, Australia, donde la presencia estatal activa no es sinónimo de estatización.

Finalmente Cantoni propone, entre otras alternativas, «crear un área de granos dentro de otra empresa estatal existente que cuente con infraestructura y capacidad logística para transportar y acopiar la producción». Tal el caso de YPF Agro, o, dentro del área de la defensa nacional, Fabricaciones Militares (Producción agropecuaria de las FFAA), o bien una nueva empresa dependiente del poder ejecutivo y creada al efecto. Claro que «la nueva licitación no puede repetir las falencias que la precedieron, donde lo estipulado queda en letra muerta a los pocos segundos de firmado, porque el Estado no controló».

Es claro que, lamentable e irónicamente, este tipo de propuestas no suelen ser aceptadas por el actual gobierno nacional. No obstante lo cual algunas fuentes del Ministerio de Transporte sugieren que el nuevo llamado a licitación será anunciado por el presidente Fernández, quien hace cuatro semanas y en Olivos le transmitió a Kicillof su compromiso al respecto, e incluso hubo anuncios oficiales.