El presidente se reunió con ocho mandatarios provinciales en la Casa Rosada; otros estuvieron vía Zoom.
El jefe de Estado había advertido días atrás sobre el «avance inadmisible del Poder Judicial sobre los otros poderes de la Argentina».
El presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con gobernadores peronistas y aliados, con quienes terminó de definir el pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Tras recibir en su despacho al ex CEO de Syngenta Antonio Aracre para oficializarlo como futuro jefe de asesores presidenciales, Alberto Fernández se trasladó hacia el Salón Eva Perón para encabezar un encuentro con varios mandatarios provinciales.
El objetivo de la reunión fue evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti: el planteo será enviado este miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Según supo NA, en el Salón Eva Perón estuvieron presentes los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
También estuvieron en Casa Rosada los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; y de Catamarca, Rubén Dusso: pese a estar representados por sus vices, los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom.
Tras la reunión, Kicillof señaló que «la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias». En declaraciones a la prensa y al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que «la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento», mientras que Capitanich añadió que se trata de «un procedimiento que se inicia a través de esta presentación».
Al referirse al rechazo de Juntos por el Cambio, el bonaerense replicó: «No han leído (la presentación que hará el Poder Ejecutivo a la Comisión de Juicio Político). Estaría bueno que lo lean y lo consideren». Además, al insistir sobre la cuestión legislativa respecto al eventual apoyo que pudiera sumar el Frente de Todos, afirmó: «El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. No hay que adelantarse a los hechos».
Por su parte, Zamora criticó los fallos del máximo tribunal acerca del Consejo de la Magistratura y la disputa entre Nación y Ciudad por fondos de coparticipación y señaló que «esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats» entre funcionarios de la Corte y del Gobierno porteño.
A través de un mensaje en el que realizó un balance de 2022 y planteó lo que queda pendiente para su último año de gestión, el mandatario había dado a conocer su decisión de impulsar el juicio político contra Rosatti.
«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», había indicado el jefe de Estado.
Y había agregado: «También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal». En esa línea, Alberto Fernández había advertido sobre el «avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina».
«Diversas publicaciones, jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado», había lanzado.
Asimismo, había afirmado que debe «impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».
«Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica», había manifestado, en referencia a la decisión de la Corte Suprema que favoreció al Gobierno porteño en su reclamo por fondos de coparticipación.
