El publicitado trigo transgénico fue prohibido en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una fallo judicial que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por productores agroecológicos, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y vecinos afectados por el nuevo transgénico y por el herbicida glufosinato de amonio.
«Es un fallo histórico y una prueba más de lo insostenible del modelo de agronegocio, en base a transgénico y agrotóxicos», afirmó Gabriel Arisnabarreta, integrante de la organización Ecos de Saladillo y uno de los demandantes.
«Se ordena la prohibición temporal en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de trigo modificado genéticamente de la empresa Indear hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria a los efectos de elaborar un informe con sus recomendaciones respecto a la introducción y liberación de de material transgénico y sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización», destaca la sentencia en su parte resolutiva del juez Néstor Salas, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata.
El trigo transgénico «HB4» de la empresa Bioceres-Indear –en sociedad con la científica del Conicet y la Universidad del Litoral, Raquel Chan– fue autorizado por el gobierno nacional en mayo pasado.
Se trata del primero trigo transgénico del mundo, cuestionado tanto por sectores socioambientales como por empresarios del agronegocio (por el rechazo comercial que genera).
En la empresa tienen participación accionaria multimillonarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, y empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid).
La demanda fue presentada por 37 personas de diversas organizaciones y localidades bonaerenses, representados por el abogado marplatense Lucas Landivar.
La acción judicial cuenta con 54 páginas con numerosas argumentaciones sobre los peligros del transgénico, sus químicos asociados y la vulneración de derechos que implica.
Detalla la contaminación que provocará al cultivo convencional, la falta de consenso social, los riesgos para la salud y el ambiente, entre otros aspectos.
El juez Salas, en su fallo firmado el 1 de julio, destaca que el trigo transgénico puede generar un «daño grave e irreversible» en la salud de la población y en el ambiente.
También subraya que se podrá contaminar al trigo convencional. Hace hincapié en la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y el «principio precautorio»: cuando haya posibilidades de daño grave al ambiente o la salud, se deberán tomar medidas de prevención.
Tanto la presentación como el fallo resaltan la Ley 12.822, sancionada en la provincia en 2001. Dos décadas después, aún no se implementó la Comisión de Biotecnología que debe evaluar los transgénicos.
El juez Salas establece la suspensión del trigo transgénico hasta tanto esa comisión se constituya e informe sobre los riesgo del trigo HB4.
Incluso cita preguntas de la fundamentación de la Ley: «¿El Ministerio de Salud ha certificado la inmunidad del ser humano a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs)? ¿La introducción de los transgénicos está asimilada a partir de un debate público o es un simple concepto de innovación genética para cosechar mayores ganancias? ¿Está tecnología afecta a los cultivos tradicional y la biodiversidad?».
Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, resaltó el incumplimiento de la norma 12.822: «Queda claro que este modelo de agro no se pudo haber impuesto sino era violando leyes.
Aunque lo establece la legislación, en ningún transgénico hubo evaluación de impacto ambiental, no hubo evaluación en la salud, no se tuvo en cuenta qué puede pasar con la biodiversidad». Y apuntó a la responsabilidad gubernamental y académica: «Se habla que este trigo es producto de la biotecnología nacional y la verdad que para nada nos enorgullece, al contrario. Nos gustaría que el Estado y los científicos investiguen y pongan fondos para producir alimentos sanos, en equilibrio con la naturaleza».
La presentación judicial cuestiona que el Ministerio de Salud de la Nación no presentó ningún trabajo científico que acredite certeza de inocuidad para la salud por la ingesta de transgénicos.
El planteo tiene directa relación con la forma irregular de aprobación de organismos genéticamente modificados: desde 1996 que se autorizan en base a estudios de las propias empresas, informes que además son «confidenciales» y la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología, clave en la autorización «técnica») está dominada por las propias empresas que producen los transgénicos y agrotóxicos.
El abogado Lucas Landivar resaltó las responsabilidades políticas en la aprobación de transgénicos. «Hay delitos que se están configurando, como encubrimiento, complicidad en la contaminación y el rol del funcionario público, que con una resolución administrativa legitima una práctica antijurídica, porque desoye las leyes que establecen el orden precautorio que se debiera tener».
Consideró que la decisión judicial también puede ser un punto de partida para el poder político: «Es una gran oportunidad para el Gobernador, y una necesidad imperiosa para el pueblo, el promover y lograr una evaluación independiente sobre los impactos y riesgos de los OGM, que lleva un retraso de veinte años en Buenos Aires».
Con la consigna “Con nuestro pan no”, más de 250 organizaciones sociales, campesinas y ambientales de Argentina rechazan la autorización del trigo transgénico.
Calificaron la aprobación como “un avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos y la agricultura que no podemos aceptar”. Puntualizaron 20 puntos que justifican el rechazo y exigieron al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida.
FUENTE: Página/12
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