Los trabajadores ferroviarios británicos iniciaron hoy la mayor huelga de la red en más de tres décadas, provocando caos en medio de una crisis del costo de vida que amenaza con una medida más amplia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte quiere paralizar los servicios también el jueves y el sábado, con el fin de amplificar el impacto en el servicio tras el fracaso de las negociaciones con la alta dirección de las principales compañías ferroviarias y con Network Rail, el operador público de la red, para llegar a un acuerdo sobre salarios y condiciones laborales.
Un golpe que sería exagerado comparar con la dramática pulseada perdida por los mineros británicos contra el gobierno conservador de la «dama de hierro» Margaret Thatcher a mediados de los 80, pero que no se veía en esta escala desde hacía tres décadas.
Precisamente eso podría presagiar el inicio de un verano (boreal) de descontento en la isla, golpeada como otros países por el repunte de la inflación y las costosas facturas de energía -debido a las repercusiones de la guerra en Ucrania y como consecuencia de las sanciones-, por los vientos globales de crisis que ya empantanaron la recuperación británica post-Covid y arrojan sombras de recesión para 2023.
Armados con su poder de negociación, la RMT -líder sindical del sector del transporte- y otros gigantes sindicales apostaron por la línea dura.
En tanto, en el frente opuesto, el primer ministro, Boris Johnson, asumió el reto por ahora, convencido -a pesar de los riesgos políticos de un clima conflictivo- de que puede sobrellevar la furia de la mayoría silenciosa de usuarios afectados por los inconvenientes para recuperar el consenso en torno a su propio electorado tradicional tras el Partygate y otros presuntos escándalos o traspiés recientes.
El resultado fue una protesta multitudinaria, al menos al principio, con cuatro quintas partes de los trenes cancelados, una numerosa afiliación entre los 50.000 empleados de las distintas compañías ferroviarias implicadas, estaciones semidesiertas y millones de pasajeros en apuros.
A tal punto que, solo por hoy, también se sumó una huelga entre los empleados del metro de Londres capaz de bloquear la mitad de las líneas y desencadenar un asalto a autobuses, taxis y Uber (cuyas tarifas subieron de inmediato, según las quejas de muchos pasajeros), el atasco de coches particulares y bicicletas en las calles y el aumento de las ausencias al trabajo presencial.
Un escenario en el que Johnson, que volvía a presidir el consejo de ministros tras una pequeña operación en sus fosas nasales, se limitó a hacer un llamamiento a «un compromiso sensato».
Por supuesto, no se privó de atacar a los «barones rojos» de las centrales sindicales como instigadores de una protesta que calificó de «inicua, innecesaria y contraproducente» para los propios trabajadores.
En tanto, el ministro de Transportes, Grant Shapps, tras negarse a mediar para no exponer al gobierno al riesgo de tener que tamizar todas las categorías con mayor poder de negociación y poner «dinero de los contribuyentes» en el plato, aumentó la apuesta acusando a quien cruzó los brazos de la «indiferencia» hacia las necesidades, a veces emergencias, de las masas.
Polémicas que ponen en aprietos a la dirección del laborismo neo moderado de Keir Starmer, crítica hacia al gobierno, pero no hasta el punto de apoyar una huelga en las calles con riesgo de impopularidad.
Y a lo que los dirigentes del sindicato, en primer lugar el combativo Mick Linch, número uno de la RMT, responden del mismo modo.
Insisten en el pedido manifiesto de un fuerte aumento de salarios del 11% como respuesta «mínima» a la inflación ya en marcha alrededor del 10, además de señalar con el dedo a las empresas, por los despidos pospandemia y por el deterioro de las condiciones laborales, así como en la actitud de nueva hostilidad hacia la clase obrera desafiada por el equipo Tory de Boris Johnson.
Una actitud que, según ellos, no podrá evitar radicalizar las disputas adicionales que ya están en marcha durante los próximos meses: incluso por parte de otras categorías vitales como enfermeras del Servicio Nacional de Salud (NHS), maestros o abogados. (ANSA).
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