Es sabido que nuestro distrito no cuenta con una Alcaldía para alojar a aquellas personas que están siendo procesadas por delitos de distinta índole, por lo que muchas de estas personas que se encuentran detenidas permanecen en las comisarías, siendo la Sede de la DDI el espacio donde el sistema judicial “deposita” a aquellos detenidos a los que se los acusa de cometer delitos contra la integridad sexual mientras, simultáneamente, se avanza en la investigación y se define su situación procesal.
Venimos observando con mucha preocupación el hecho fáctico de reiterados otorgamientos de morigeraciones (arrestos domiciliarios) a personas con delitos contra la integridad sexual con mínimas evaluaciones que justifiquen dicho beneficio y con pocas o nulas medidas para resguardar la integridad psicofísica de la víctima, haciendo uso (casi de manera exclusiva y ponderada) de la plena confianza en la palabra de la persona detenida, la que se compromete (o manifiesta comprometerse) a abstenerse de acercarse o tomar contacto con la víctima. Sin embargo, y avanzando aún más en las prerrogativas, no sólo se autoriza el arresto sino que se otorgan salidas laborales con una amplia franja horaria, lo que se traduce en un como si estuviera detenido.
Como lo han indicado organismos internacionales y nacionales, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio se han incrementado considerablemente las violencias físicas, psicológicas y sexuales a las que somos sometidas las mujeres y disidencias, sea producto de una obligada convivencia con los violentos dentro de los espacios que habitamos, sea por la crisis económica y laboral existente y que la situación sanitaria y epidemiológica agravó.
En virtud de lo expuesto y analizando la realidad local, nos preguntamos:
• ¿Cómo se garantiza que el agresor no despliegue mecanismos de sometimiento y ejerza control sobre la víctima y su familiar durante su arresto? Si le otorga un monitoreo electrónico, ¿tiene GPS? Si no es así, no hay manera de saber dónde se encuentra físicamente la persona y por lo tanto si no está amedrentando a la víctima o poniendo en riesgo su integridad.
• ¿Qué instancias de articulación entre las diferentes instituciones estatales vinculadas a abordar la complejidad de esta situación existen? (Nótese que nos preguntamos por ARTICULACIÓN y no por notificación ni derivación). EXIGIMOS un abordaje integral y coordinado de los escasos recursos existentes en los cuales se sostengan acciones tendientes a garantizar los derechos de todes les involucrades. Es responsabilidad del Estado generar los mecanismos para garantizar una respuesta integral que se adecue a la normativa vigente, al tiempo que se planifique, asigne y ejecute un presupuesto para la efectiva implementación de las mismas. Las prohibiciones de acercamiento son sólo papel y los botones antipánico no impiden que el agresor se acerque: necesitamos medidas reales de protección de nuestra integridad, ya que vemos con indignación que se deja a la víctima y a sus familias en condiciones de indefensión ante una Dirección de Políticas de Género que sólo interviene si la víctima está en condiciones de demandar asistencia, de responsabilizándose de intervenciones que le son propias al delegarlas en los equipos de los centros de salud.
Con frecuencia casi diaria acompañamos a mujeres e identidades feminizadas a transitar por las instituciones estatales para garantizar el cumplimiento de sus derechos, ante situaciones de violencia de diferentes magnitudes y que son insumo de diferentes instituciones estatales. A pesar de ello, y sin importar la gravedad de las innumerables y múltiples problemáticas, las respuestas son similares, extemporáneas y deficientes.
Al denunciado Claudio Flores le otorgaron una morigeración de la prisión preventiva en una causa que protagoniza por abuso sexual con acceso carnal agravado (por la participación una menor). Dicha medida se efectúa en un domicilio local con salidas laborales diarias y con una amplia franja horaria. Su víctima está en tratamiento psicológico ante el trauma ocasionado por los hechos y por las diversas instancias a la que se la sometió para obtener información acerca de la veracidad de los hechos denunciados de estas acciones; mientras que personas allegadas a Flores, (desde una cuenta de Facebook que no certifica la identidad de quien escribe), utilizan como fundamento situaciones personalísimas de la víctima que no sólo la re victimizan sino que intentan responsabilizar a tercerxs y como defensa aluden a que es un ̈buen padre ̈. El único responsable es quien ejerce la violencia.
Siendo que la familia de la víctima solicita que se lo mantenga detenido en un espacio de detención cerrada, volvemos a preguntarnos cuáles son los fundamentos de los que se valieron las autoridades judiciales para autorizar una morigeración con salidas laborales con un monitoreo sin rastreo de GPS.
APOYAMOS EL RECLAMO DESESPERADO DE LA FAMILIA POR PRESERVAR LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA DE LA VÍCTIMA Y SU DECISIÓN DE NO NOMBRAR A LXS RESPONSABLES DE LAS INSTANCIAS JUDICIALES INTERVINIENTES POR TEMOR A REPRESALIAS O QUE ESTA IMPACTE NEGATIVAMENTE EN LAS DECISIONES POSTERIORES Y ADHERIMOS A LA CONVOCATORIA DE VISIBILIZACIÓN EL DÍA LUNES A LAS 16:00 HORAS EN EL PUENTE COLGANTE (LADO NECOCHEA).
VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS! EXIGIMOS ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS JUDICIALES. BASTA DE JUSTICIA MACHISTA Y PATRIARCAL!! QUE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO DEJE DE PROCRASTINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY MICAELA Y ÉSTA LA REALICEN JUECES, FISCALES Y TODO EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES JUDICIALES.
