Buscan agravar las penas a funcionarios que tarden en tomar denuncias por violencia de género.
La iniciativa modifica el artículo 249 del Código Penal para crear una agravante reprimida con pena de prisión e inhabilitación para el funcionario público que no cumple con su función ante una víctima de violencia de género que solicita auxilio.
Un proyecto de modificación del Código Penal fue presentado este jueves el Senado para crear un agravante a imponer a los funcionarios públicos que no cumplan con su función de proteger a tiempo a una víctima de violencia de género que solicite auxilio.
La iniciativa lleva la firma de la oficialista correntina Ana Almirón, pero cuenta con el apoyo de la mayoría de los integrantes del Frente de Todos.
El proyecto modifica el artículo 249 del Código Penal para crear una agravante reprimida con pena de prisión e inhabilitación para el funcionario público (miembro de una fuerza de seguridad) que no cumple con su función ante una víctima de violencia de género que solicita auxilio o que intenta realizar la denuncia policial de un hecho sucedido.
La pena será de “un año a cuatro de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare realizar algún acto de su oficio en relación a un hecho de violencia de género.”
También se pretende modificar el artículo 239 del Código Penal, creando un agravante para el supuesto en que un agresor desobedezca una medida cautelar.
También se pretende modificar el artículo 239 del Código Penal, creando un agravante para el supuesto en que un agresor desobedezca una medida cautelar que se haya dictado por un hecho de violencia de género. En ese caso, la pena será de hasta cuatro años de prisión.
Finalmente, se busca crear un nuevo tipo penal para capturar el comportamiento de losjueces o fiscales que maliciosamente no atiendan en tiempo oportuno el pedido de Justicia y protección ante un hecho de violencia de género.
En ese caso, será reprimido con pena de prisión de un mes a tres años, e inhabilitación absoluta de dos a cuatro años.
