La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires pidió que se impulse y sancione el proyecto de Ley del Tribunal que regula la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial de la provincia.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense solicitó al Poder Legislativo que se impulse y sancione el proyecto de Ley del Tribunal regulando la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial de la provincia, así como también la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus agentes.
Lo hizo a través de la Resolución SC Nº 1263/20, considerando imprescindible instituir dicho régimen para la justicia provincial y decidió abrir una instancia de diálogo y consenso con el Poder Ejecutivo, en forma previa a la presentación del referido proyecto.
La Corte señaló que es inherente al principio constitucional la independencia del Poder Judicial y que no este subordinado a ninguna otra autoridad o poder y, a la par, que los órganos que lo componen cuenten con los recursos necesarios, normativamente asegurados, «para cumplir con su relevante cometido constitucional».
La SCBA recordó que el régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera fue largamente reclamado en distintas ocasiones, como en octubre de 2014, cuando se envió un proyecto sobre esta materia al Ministerio de Justicia, el que de inmediato tomó estado parlamentario.
Por otra parte, en julio del año 2015 se remitió un texto actualizado del proyecto para posibilitar su aplicación a partir del año 2017 y, desde entonces, «han sido variadas las gestiones realizadas por el Tribunal tendientes a impulsar el tratamiento del proyecto», sostuvieron los juristas.
Al respecto, los ministros firmantes, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo De Lázzari, Sergio Torres y Eduardo Pettigiani añadieron que los proyectos presentados fueron «revisados, corregidos y adaptados a las circunstancias actuales».
La Corte señaló que es inherente al principio constitucional la independencia del Poder Judicial y que no este subordinado a ninguna otra autoridad o poder y, a la par, que los órganos que lo componen cuenten con los recursos necesarios, normativamente asegurados, «para cumplir con su relevante cometido constitucional».
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