Según consta en el informe presentado, en el sistema federal se relevaron 1.009 víctimas que denunciaron 2.842 hechos de tortura y/o malos tratos, de los cuales el 57 por ciento son víctimas jóvenes menores de 35 años.
Unas 1.448 personas privadas de la libertad denunciaron 5.200 hechos de tortura y malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en todo el país durante el año pasado, de acuerdo a un nuevo informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura.
El informe fue presentado durante una conferencia de prensa virtual realizada con motivo de cumplirse 10 años de la creación del mencionado registro.
El relevamiento es realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani-UBA.
Según consta en el informe presentado, en el sistema federal se relevaron 1.009 víctimas que denunciaron 2.842 hechos de tortura y/o malos tratos, de los cuales el 57 por ciento son víctimas jóvenes menores de 35 años.
De acuerdo al relevamiento, «las malas condiciones materiales de detención resultan el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia con 1.139 hechos descriptos», seguido de la falta o deficiente asistencia a la salud con 946 casos relevados y la falta o deficiente alimentación con 756.
Consignó además que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se registraron 439 víctimas de 2.358 hechos de tortura en las distintas cárceles bonaerenses, de los cuales el 71 por ciento son jóvenes menores de 35 años.
El informe fue el resultado del trabajo interinstitucional de inspecciones a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires y del ámbito federal y del monitoreo de las prácticas policiales en el territorio.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM, fue el primer orador de la conferencia de prensa y manifestó que «la gente que entra en la cárcel no sale mejor, sale peor, porque se ha transformado en depósitos humanos y no en centros de rehabilitación para que se integren a la sociedad de otra forma».
En tanto, Juan Méndez, exrelator sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que «las obligaciones de facto que se mencionan en el informe tienen que ser resueltas por respuestas institucionales serias» que contemplen «el procesamiento de los presuntos responsables y el castigo de los que resulten responsables», como así «también el ofrecimiento de reparaciones a las víctimas».
«En estos meses hemos visto también que el efecto de la pandemia (de coronavirus) ha exacerbado las condiciones y ha demostrado la debilidad de los establecimientos carcelarios para responder como se debe a una pandemia que causa estragos en la población en general pero también en la población carcelaria», agregó Méndez.
Por su parte, Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, denunció que en la actualidad hay «5.500 personas detenidas en 1.200 plazas en comisarías» de la provincia de Buenos Aires, lo que constituye «un récord histórico en los últimos 15 años».
A su vez, aseguró que, pese al anuncio de la baja de delitos esgrimida por el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, «aumentaron los índices de letalidad policial», ya que «de enero a septiembre del año pasado la policía mató a 55 personas» y en el mismo período de este año la cifra ascendió a 88.
