La Suprema Corte bonaerense y la Procuración General dispusieron que algunos de sus órganos tengan acceso recíproco a los sistemas de gestión Augusta y SIMP a partir del 13 de octubre.
A través de la Resolución Nº 1015/20, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Procuración General dispusieron que los órganos judiciales de los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil de las jurisdicciones Administración de Justicia y Ministerio Público, tengan acceso recíproco a los sistemas de gestión Augusta y SIMP.
La medida comenzará a funcionar el 13 de octubre, por lo que la SCBA puso a disposición de fiscales, defensores oficiales, curadores y asesores de menores e incapaces, mecanismos de acceso al sistema Augusta a través del SIMP para aquellos casos en los que actúan en materias no penales ni penales juveniles, a fin de facilitar el cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas.
La decisión fue tomada para que los judiciales puedan consultar las investigaciones penales preparatorias correspondiente a los procesos en los que intervengan, y lo mismo para los trabajadores del Ministerio Público.
El texto remarcó «la estricta obligación de su utilización con fines meramente laborales, en ejercicio de las funciones y deberes correspondientes», por lo que el uso estará sujeto «al necesario contralor que deberán realizarse desde las áreas técnicas con relación al adecuado uso de la información, su resguardo, confiabilidad y seguridad de los datos que en dichos softwares se almacenan».
«Los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial deberán preservar, resguardar y utilizar la información a la que tengan acceso, teniendo en cuenta las normas que rigen lo vinculado a la protección de datos personales y las resoluciones dictadas por este Tribunal y la Procuración General», se lee en la resolución firmada digitalmente por los miembros de la Suprema Corte.
Al respecto, advirtieron que las áreas técnicas de cada jurisdicción establecerán mecanismos de alertas que permitan advertir los accesos atípicos o injustificados.
La decisión fue tomada para que los judiciales puedan consultar las investigaciones penales preparatorias correspondiente a los procesos en los que intervengan, y lo mismo para los trabajadores del Ministerio Público.
