El intendente Ricardo Moccero, decidió cuidar a sus conciudadanos, ante las manifestaciones ilegales realizadas por productores el 17 de agosto.
El funcionario ya había advertido a los vecinos de la prohibición de reunirse en la plaza antes de la manifestación, por lo que el día de la marcha policías solicitaron el documento y domicilio de los asistentes, así como tomaron fotos de las patentes de los vehículos que se movilizaron.
A los asistentes comenzaron a llegarles notificaciones, donde se les informa que se encuentran imputados en la causa caratulada I.P.P. por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal, a definirse en el Juzgado Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de la magistrada María G. Marrón.
El partido de 42.000 habitantes tiene sólo 8 casos de Covid-19, y según el jefe comunal se reunió antes de la movilización con el presidente de la Sociedad Rural local y otras entidades para advertirles lo que iba a pasar.
Uno de los imputados, Fernando Cifone aseguró que se trata de “cuestión de autoritarismo” y con «una actitud fascista”.
El cargo que se les imputa es «propagación de pandemia», agregó.
