La clase trabajadora y sus organizaciones nos enfrentamos a una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias en la economía real, profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la pandemia.
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, muchos y muchas nos vimos obligados a trabajar en los puertos, en las industrias agro-exportadoras, en las alimenticias, los hospitales, la comunicación y el transporte, entre otras actividades exceptuadas del aislamiento social obligatorio. Allí nos encontramos con la falta de protocolos oficiales de higiene y seguridad en los procesos productivos, a lo que se suma el debilitamiento de los resortes del Estado que deben velar por el efectivo cumplimiento de la normativa laboral.
Los Ministerios de Trabajo y de Salud, tanto nacional como provincial, no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical, allí donde la hay. Es el sindicato organizado la más efectiva defensa ante los riesgos de la pandemia y ante las empresas que priorizan su rentabilidad a la salud de los trabajadores y de la sociedad. La organización sindical, junto a las comisiones internas y los cuerpos de delegados, actúan hoy como verdaderos controles ante la prepotencia patronal, pese a la limitación de ciertas actividades sindicales que dispuso el Ministerio de Trabajo.
Distinta es la suerte de aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio, para los cuales los empresarios conocen y repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger el empleo y el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado que despide, suspende y rebaja salarios, desconociendo los decretos de emergencia y la legislación laboral, transformándolos en letra muerta.
Esa ha sido la reacción de algunos de los empresarios más poderosos del país ante la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la salud sobre la economía. Durante los últimos cuatro años, e inclusive antes, hay sectores que han sido los grandes ganadores del modelo. Compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia. No desconocemos tampoco los problemas que la crisis y la paralización de la actividad económica generan en pequeñas y medianas empresas, pero eso no puede derivar en la vieja receta de asociar a los trabajadores a las pérdidas.
De seguir así, las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis.
Los sindicatos, el Estado, la sociedad en su conjunto no podemos permitir que las consecuencias de la crisis recaigan sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Por ello exigimos la intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo, conforme el mandato constitucional.
Cada trabajador que pierde su empleo, cada salario recortado, es un herida más en el tejido social que produce un daño que puede ser irreparable. Deben tomarse acciones concretas con quienes despiden, suspenden y rebajan salarios, con aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja, deben ser sancionados e intervenidos.
Las empresas deben implementar todas las medidas necesarias para garantizar la salud, siendo impostergable la participación del Estado que posee la capacidad y tiene la obligación de velar por la integridad psicofísica de los trabajadores, reconociéndose el COVID-19 como enfermedad profesional.
Existen sectores de la clase trabajadora que como monotributistas o bajo el régimen de trabajadores autónomos viven de su trabajo, son obreros y empleados que sostienen sus familias con su labor diaria, que necesitan afrontar esta emergencia con un salario garantizado, independientemente de las categorías tributarias que se les han impuesto.
Del mismo modo es necesario atender a aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ampliando la cobertura, no solo aumentando los beneficiarios sino también extendiéndola en el tiempo ya que, superada la parte más aguda de la pandemia, continuarán sufriendo en mayor medida sus consecuencias.
Sabemos que no es tarea fácil romper con un modelo económico mundial que hace más de 40 años descansa sobre las finanzas y el capital ficticio, en una burbuja cada vez más alejada de la realidad económica, pero la crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas. Las acciones que se tomen para combatirla no pueden estar signadas por la ortodoxia y el capital financiero, que empujan a descargar sobre el trabajo todas sus consecuencias.
Somos los trabajadores los que creamos la riqueza del mundo, y muchas de las organizaciones que suscribimos la presente representamos a quienes siguen trabajando todos los días para garantizar la salud, la alimentación, el transporte, la exportación, entre otros servicios importantes no sólo para esta emergencia sanitaria sino para la economía del país, convencidos del lugar histórico que ocupamos. Pretendemos que en este contexto el Estado intervenga con determinación y medidas concretas frente a las empresas que no se expresan con el mismo compromiso, privilegiando sus intereses por sobre los del resto de la sociedad.
