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El presidente Alberto Fernández volvió a referirse esta mañana por Radio Continental a los créditos hipotecarios indexados por inflación, haciendo referencia a que se trata de “un acuerdo entre privados”. No es la primera vez que lo hace, pero su insistencia en querer reducir la problemática a un mero acuerdo entre privados, nos obliga a pronunciarnos públicamente al respecto.

A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual. Así mismo, señalaba que en el año 2003 y siendo él jefe de gabinete, junto con el Presidente Néstor Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la convertibilidad. “Sabemos cómo hacerlo”, sentenció en más de una oportunidad.

En ese momento, el Estado se hizo presente y asumió su responsabilidad.

Han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial y su discurso en la materia, cambió radicalmente. Se devaluó su palabra.

Ahora la cuestión quedaría reducida a sólo 90.000 créditos, los cuales, en palabras del Presidente, ya han recibido asistencia con el congelamiento de sus cuotas durante cinco meses. Toda la asistencia e involucramiento del Estado se redujo a eso. Suena a poco, más bien a nada.

Es necesario recordar -pues las autoridades parecieran ser que se han olvidado de ello-, que estos créditos fueron impulsados desde el Estado Nacional como una política pública de vivienda. La normativa para instrumentar créditos indexados fue impulsada por el Banco Central, pese a que en marzo de 2016 se encontraba plenamente vigente la prohibición de indexar por precios.

Haciendo caso omiso a ello, toda la maquinaria publicitaria del Estado y del sistema financiero se puso a disposición para promocionar esta nueva cuasi moneda, la UVA. Estas líneas crediticias tomaron fuerte impulso hacia mediados de 2017, comienzos de 2018 y con el paso del tiempo se convirtieron en las únicas disponibles para acceder a una vivienda.

El Estado nunca estuvo ausente. Fue el motor e impulsor de estos créditos. El gobierno actual no puede desatenderse de ello. No son viables créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años, con una inflación que navega por encima del 50 % anual, con ingresos de la población cada vez más devaluados y que se ajustan muy por debajo del nivel general de precios de toda la economía.

En momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada. No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato.

Sr. Presidente Alberto Fernández, hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados, son una estafa. De usted depende tomar una decisión y terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: “Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente”.