El juez federal Santiago Inchausti amplió los procesamientos implicadas en la megacausa por defraudación a la Anses sobre once implicados y procesó a otras 33, la mayoría beneficiarios y médicos.
Son más de 80 los casos de defraudación a la administración pública que constan en la causa, y otros 256 en grado de tentativa porque la intervención de la Justicia logró frenar el accionar delictivo de la organización.
La Justicia Federal –a partir de la resolución del juez federal Santiago Inchausti- amplió los procesamientos sobre once personas –entre ellas los jefes de la presunta asociación ilícita investigada- y procesó a otras 33, la mayoría beneficiarios de los trámites apócrifos y médicos que avalaban las maniobras, que suman a las personas ya involucradas.
La Fiscalía Federal N°2, a cargo interinamente del fiscal general Daniel Adler, investiga una organización que tramitaba beneficios previsionales irregulares ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lo que provocó un perjuicio millonario a las arcas del Estado.
Las ampliaciones de procesamientos son por 86 casos de defraudación sobre la administración pública y 256 casos en grado de tentativa, por expedientes que se encontraron al momento de los allanamientos, que aún no tenían concretado el trámite.
La organización fue desarticulada a partir de la investigación y posteriores allanamientos solicitados desde la Fiscalía Federal N°2, en mayo de 2018. Desde entonces, el análisis de los elementos secuestrados y nuevos operativos dispuestos en el marco de la causa, permitieron avanzar en las distintas responsabilidades de la asociación y sus beneficiarios.
El accionar de la organización
De acuerdo a la hipótesis desarrollada en esta instancia, se estableció que en el estudio jurídico situado en la avenida Juan José Paso al 2800 de Mar del Plata funcionaba una organización delictiva denominada “Organización Jurídico Previsional”, integrada, en principio, por cuatro personas, con colaboración de otros imputados médicos, empleados de Anses y allegados, que con habitualidad y de forma continuada tuvo como fin, entre otras cosas, realizar y tramitar beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial millonario para la administración pública.
Las maniobras consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa para generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que resultaron ser los beneficiarios.
De esta manera, se fraguaban períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.
En ese contexto, teniendo acabado conocimiento de los sistemas de la AFIP y el ANSES, utilizando el CUIT de aquellos supuestos empleadores falsos, se declararon servicios apócrifos en relación de dependencia, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas en la medida en que las contribuciones fijadas por la ley para aquellos trabajadores dependientes fueron reflejadas fuera de término y dentro de un mismo período.
En muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional, que superó el monto mínimo legal.
Para desarrollar estas maniobras, la organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades como la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, y hasta la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para tal fin.
Estas cuestiones, entendieron los investigadores, indicarían la capacidad e incidencia de esta organización para lograr dictámenes favorables en la Comisión Médica nº 12 que conllevaron a elevar el porcentaje de invalidez para habilitar la procedencia del beneficio a realizar.
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