Representantes de cerca de un centenar de países debaten en Santiago -convocados por la FAO- mecanismos para implementar un acuerdo de puertos con el que se busca erradicar la pesca ilegal con mayores controles sobre las embarcaciones.
Firmado en 2016, el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP, en inglés) ha sido adoptado por 87 estados, quienes por medio de este convenio autorizan a los países firmantes impedir el desembarco de barcos que despierten sospecha sobre el origen de su carga pesquera.
«El compromiso internacional para combatir la captura ilegal es muy fuerte», señaló el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, al abrir la reunión que se desarrolla esta semana en Santiago.
El AMERP requiere que los buques extranjeros se sometan a inspecciones en cualquier puerto de escala, si los estados del puerto lo consideran necesario, y que dichos estados compartan información sobre las violaciones detectadas.
El acuerdo refuerza también reglas ya establecidas para el control de las actividades de sus propias flotas pesqueras y está diseñado para aumentar el costo de la pesca ilegal al dificultar su venta.
En la reunión de Santiago, los países propondrán reglas para la implementación general del acuerdo, la posible incorporación de nuevos miembros y la necesidad de avanzar en el intercambio de información entre puertos.
El flujo de información entre los países «es muy importante porque, cuando un barco de bandera extranjera no puede entrar a un puerto es muy probable que cruce a un país vecino», aseguró Javier Villanueva, especialista en pesca de la FAO.
Sin puertos donde bajar sus mercaderías «se incrementa el costo de una actividad que es ilegal», complicando el negocio para los infractores, agregó.
Unos 26 millones de toneladas de pescado son capturados anualmente en forma ilegal, alrededor de una quinta parte de la captura mundial, con un valor de mercado de hasta 23.000 millones de dólares.
Mafias internacionales aprovechan la capacidad de los países de menores recursos para monitorear y vigilar cada embarcación, afectando seriamente el desarrollo de los pescadores responsables que siguen las reglas y controles oficiales.
Asimismo, las especies más golpeadas por la pesca no regulada son las más solicitadas y de mayor valor como el bacalao de profundidad, calamares, atún.
En el plano ambiental, la pesca pone en riesgo los ecosistemas marinos favoreciendo la sobreexplotación de especies en muchos casos también golpeadas por los efectos del calentamiento de las aguas oceánicas.
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