Por Red Argentina para el Desarme
Mediante disposición interna de la Gendarmería Nacional, el Estado argentino autorizó a los miembros de esa fuerza a utilizar sus armas de fuego personales durante el cumplimiento de los actos de servicio, ante la supuesta falta de recursos para garantizarles sus armas de dotación.
Esta decisión parece fortalecer la autonomización policial y el desgobierno político, e implica la declinación de la obligación del Estado de dotar a las fuerzas públicas de los recursos imprescindibles para que cumplan su función dentro de los límites que imponen las leyes, todo lo cual, quedaría confusamente planteado en el marco de una reforma policial. Las necesidades operativas de las fuerzas de seguridad no pueden depender de los recursos personales de sus miembros para el cumplimiento de la función; ello implica un descuido de la seguridad del personal y de la ciudadanía, y un objetivo opuesto al propuesto por la política de control de armas de fuego que, tímidamente, este gobierno dice sostener. Es por eso que desde la Red Argentina para el Desarme manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Seguridad para revertir la medida.
Igualar en los hechos disponer de un arma de dotación a disponer de un arma particular, implica desestimar la política de profesionalización policial. Irresponsablemente, la disposición deja sujeto a definición posterior la clasificación del material a habilitar, la correspondencia con el entrenamiento y la responsabilidad sobre el mantenimiento del arma. Un elemento básico del entrenamiento en el uso de la fuerza implica comprender que la decisión final de utilizar fuerza letal siempre se basa en un conjunto de variables de distinta índole que forman parte de una misma decisión: consideraciones personales, tácticas, operacionales e institucionales. Ahora bien, ¿por qué la resultante habitual de un profesional suele ser aquella acción con problemas para discernir el momento de aplicación de la fuerza letal?, ¿por qué el personal está desprovisto de los elementos de seguridad necesarios para la tarea policial?, ¿o por qué a la institución le cuesta cumplir eficientemente con los protocolos de actuación diseñados para la consecución de una tarea policial respetuosa de los derechos y garantías establecidos por nuestra Constitución? No se trata de policías con “manos atadas” o “más bien sueltas”. La policía que un gobierno democrático le debería poder garantizar a la sociedad es aquella que implica el desarrollo de un proyecto institucional de policía respetuosa de la labor policial y del personal que en cumplimiento de la ley presta servicios. En última instancia, la confusión entre el uso de las armas particulares y las armas reglamentarias alienta implícitamente un uso extendido de la salida armada y de la fuerza letal para la consecución de la función policial, que no solo pone en eventual riesgo a todos por igual, sino que parece desestimar la responsabilidad que la política de seguridad tiene sobre la crisis institucional que fundamenta la medida.
La resolución, además, va a contramano de las discusiones actuales a nivel internacional sobre la regulación de las armas de dotación. El sentido tomado por los países desarrollados en esta materia es el de regular y limitar el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad por fuera de su horario de servicio. Esta tendencia responde a un diagnóstico que muestra que la utilización de las armas de dotación por fuera del servicio aumenta los abusos policiales y los riesgos letales tanto de la ciudadanía en general como de los propios agentes o de su grupo familiar. Pero mientras el mundo discute cómo resguardar las armas reglamentarias para limitar su utilización a los actos de servicio, Argentina avanza en sentido contrario, amparando la portación indiscriminada de armas de fuego por parte de sus agentes de seguridad.
La decisión es a su vez contradictoria con el propio discurso oficial en materia de política de control de armas. Según los “100 objetivos de gobierno” explicitados por la Presidencia de la Nación, una de las prioridades en materias de seguridad del Gobierno Nacional es la de restringir el circulante de armas de fuego. Esa loable intención es lisa y llanamente incompatible con esta privatización y consiguiente descontrol del circulante de armas de uso estatal. El arma de fuego es un vector que transmite violencia y potencia las posibilidades de una consecuencia letal en la resolución de conflictos, tal como lo demuestran las 8 muertes por día causadas por la violencia con armas de fuego en nuestro país. Esos riesgos aplican tanto a las armas oficiales como a las civiles, porque el peligro es inherente al instrumento, más allá de quién sea su portador. Por lo tanto, promover planes de desarme a la vez que se promueve la flexibilización de las armas al interior de las fuerzas de seguridad es enviar a la sociedad un mensaje contradictorio y cargado de hipocresía.
Por su parte, la justificación de la resolución en virtud de la “carencia de recursos” es insuficiente y sienta un peligroso antecedente en términos de políticas de seguridad. ¿Cuál será la próxima “carencia” que justifique la utilización de bienes privados para fines de seguridad pública? ¿Cua
ndo falten patrulleros autorizaremos a los agentes de seguridad a utilizar sus autos privados? Un Estado que se jacta de profesionalizar a sus fuerzas de seguridad no puede, al mismo tiempo, pedirles a sus agentes que solventen de su propio bolsillo instrumentos tan sensibles como lo son las armas de fuego.
Por último, cabe señalar que no es la Dirección de la Gendarmería Nacional el órgano competente para tomar una decisión de este tenor. La declaración de la emergencia en seguridad dictada por el Poder Ejecutivo en enero del 2016 flexibiliza las facultades ministeriales en términos de procedimientos administrativos, compras y contrataciones, pero bajo ningún aspecto habilita una delegación de funciones en la autoridad policial, como ahora pareciera pretenderse. Esta nueva y errada interpretación conlleva riesgos que han sido muy caros para la seguridad de la población y la institucionalidad democrática.
Por todo esto, llamamos al Gobierno Nacional a derogar inmediatamente esta resolución y a rediscutir con seriedad las políticas de control de las armas de fuego y uso de la fuerza al interior de las fuerzas de seguridad.
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