Se trata de la Panamericana y Acceso Oeste, ambas explotadas por la empresa española Abertis, a quien se le extendió el contrato por 12 años de manera automática. Además, en audiencia pública, se fijó que el cuadro tarifario de los peajes se ajustará cada seis meses por inflación.
Polémica en puerta. El Gobierno nacional renovó de manera automática la concesión de dos autopistas que conectan la Provincia con la Ciudad de Buenos Aires y, como si fuera poco, acordó ajustar el valor de los peajes cada seis meses teniendo en cuenta la famosa “cláusula gatillo”, utilizada anteriormente en las negociaciones paritarias.
En efecto, el nuevo contrato fue acordado entre las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), ambas controladas por Abertis, que operan las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.
El convenio extiende por otros 12 años los plazos de ambas concesiones que vencen el próximo mes de abril.
Pero eso no es todo. El Gobierno bonaerense, además, dio luz verde para que los aumentos en los peajes de ambos accesos sean ajustados cada seis meses y de acuerdo al índice de inflación calculado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El CER es un índice de ajuste diario elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Este mismo coeficiente fue utilizado en numerosas negociaciones paritarias, para asegurar a los gremios (y por ende a los trabajadores) evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a los constantes aumentos de precios.
No obstante, el Ejecutivo busca desestimar para este año la llamada “cláusula gatillo”, cuestión que ya abrió varios frentes de conflicto con los sindicatos, especialmente, los docentes.
En la negociación con las empresas concesionarias de las autopistas, por caso, se acordó que si el CER es superior al 10% desde la última actualización (que fue del 13 por ciento en febrero) no se espera al final del semestre para modificar el precio de los peajes.
Estos aumentos se deberían mantener a lo largo del año sin cambios, teniendo en cuenta la nueva fórmula de subas acordada entre el Gobierno y el grupo Abertis, pero nada está asegurado. Más aún teniendo en cuenta que la meta inflacionaria fue modificada en dos oportunidades.
Como se sabe, para poder llevar adelante cualquier aumento en los peajes, previamente se realizar una audiencia pública, que tuvo lugar el pasado 8 y 9 de febrero.
En aquella oportunidad, el único orador que rechazó la medida fue el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. “Estamos frente a un Estado que interviene a favor de las empresas y en ningún momento en beneficio de la gente”, sostuvo en su intervención.
“No veo un Estado imparcial, que regule a favor de los que menos tienen, porque el poderoso siempre tiene más reaseguros y puede reclamar por otros medios. Estamos en presencia de funcionarios con buena fe y capacitados, pero que tienen una mirada contraria a esta idea, lo que provoca que estemos ante un contrato que parece más a favor de las empresas que de la gente”, añadió.
Por otro lado, Lorenzino se mostró en contra del sentido de las actuales audiencias públicas, al indicar que “son solamente formalismos, porque acá ya está decidido lo que se va a hacer. Desde la Defensoría queremos hacer aportes no sólo desde lo técnico sino también desde lo político, ya que hay mucho para trabajar y mejorar en cuanto a la participación ciudadana”.
En esa línea, reclamó que se deben “generar canales y mecanismos de control modernos y veloces, animarse a romper los moldes viejos de dispositivos de control que no funcionaron, para que el ciudadano ejerza su derecho a controlar mediante herramientas ágiles y a la altura de las nuevas demandas”.
