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Por UDUV

¿¿Cómo es posible que la Empresa estatal AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) se haga cargo de la Ruta Provincial N° 6, de aproximadamente 180 kms., ya construida con nuestros impuestos, sólo para mantenimiento, que no invierta un solo peso, y se limite a cobrar un “falso peaje” para solventar las onerosas instalaciones de las tres estaciones de peaje y el enorme costo operativo de las mismas??

Esta nefasta decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires generará serios perjuicios sociales y económicos, y un considerable aumento en el costo de transporte, afectando no sólo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a las localidades servidas por el corredor vial en cuestión.

La concesión vial a través del sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, y para colmo, solo para mantenimiento, que se ha decidido implementar en la Ruta Provincial N° 6, es claramente inconstitucional por tratarse de un corredor vial existente pagado con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; antieconómica e inviable por el bajo caudal de tránsito, e injusta por ser una ruta “abierta” donde unos pagarán y otros no, según atraviesen o no cada una de las estaciones de peaje.

Dicha iniciativa provincial, llevada a cabo sin la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, demuestra una actitud claramente antidemocrática, arbitraria, irresponsable, de soberbia y de enorme desconocimiento en materia de infraestructura vial de parte de la Señora Gobernadora y del Ministro de Infraestructura bonaerense, ya que, como en tantas otras oportunidades, nunca se ha convocado a las entidades de usuarios viales para cambiar opiniones, a pesar de los reiterados pedidos de audiencias solicitados en tiempo y forma. Sin ir más lejos, en materia de derechos del usuario, las concesiones viales bonaerenses, se han llevado adelante de espaldas a mecanismos de control social, como lo son las veedurías ciudadanas y las audiencias públicas. La administración y gestión de lo público requiere de la no exclusión de la participación ciudadana, premisa que jamás se respetó en la Provincia a la hora de la toma de decisiones, las cuales se han sucedido de manera unilateral por medio de decretos del Ejecutivo o de medidas ministeriales. “Los caminos son de dominio público, no son propiedad exclusiva de quien gobierne la Provincia o de algún funcionario.”

Si la política vial definida por la señora Gobernadora es POLÍTICA DE ESTADO PROVINCIAL, y los caminos son bienes de dominio público, pagados con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de adoptar una decisión apresurada, arbitraria e irresponsable, debería escucharse a quienes abonan la red vial y tienen propuestas mucho más adecuadas a la realidad social que vive la Provincia y el País.

En definitiva, el CONADUV y la UDUV manifiestan:

– Rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal, anticonstitucional, injusta y discriminatoria, la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de insistir con un régimen perverso de “falso peaje” o impuesto al tránsito con cabinas de cobro en ruta, en caminos de dominio público ya existentes, previamente pagados con creces por los usuarios viales, y sin alternativas libres de pago.

– Que ha quedado claramente demostrado, que el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en rutas nacionales y provinciales ya existentes implementado en nuestro País, ha sido y sigue siendo un verdadero fracaso y una estafa a los usuarios viales, beneficiando únicamente a las empresas concesionarias.

– Que de prosperar esta decisión del Gobierno Provincial, sólo se logrará favorecer los intereses de la empresa concesionaria (AUBASA), generando serios perjuicios sociales y económicos, incrementando el costo de transporte, y siendo en definitiva, una nueva afrenta al interés de la sociedad en su conjunto.

– Que no es justo que los usuarios viales se hagan cargo a través de falsos peajes, de la malversación que hacen el Gobierno Nacional y Provincial, con los respectivos fondos viales que recaudan.

– Que resulta imperioso reflexionar que de implementar la idea del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,  se continuará atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados, representaciones de usuarios y asociaciones vecinales.

–  Que las rutas de la Provincia de Buenos Aires son de poco caudal de tránsito, motivo por el cual la recaudación en su mayor parte se destina a la instalación de las cabinas de peaje y su costo operativo, sin volcarse los fondos necesarios al camino, lo cual hace antieconómico e impracticable el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.

–  Que se permite cuestionar el anuncio formulado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, solicitando así a la Señora Gobernadora, quiera disponer se realice, junto con la participación directa de los usuarios viales, el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos libres de peajes y de aduanas interiores, y el costo social que implicará el proyecto de implementar un régimen de peaje antieconómico, ilegal, injusto, discriminatorio y anticonstitucional.

– Que resulta necesario remarcar que el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta es una herramienta o método de financiamiento que debe utilizarse exclusivamente para recuperar la inversión previamente realizada en obras nuevas construidas por un inversor que arriesga su capital para brindar un servicio nuevo, como por ejemplo una autopista o autovía, y con un camino alternativo libre de pago. Luego se recupera mediante el pago de una tarifa de peaje razonable y que debe ser posterior a la disponibilidad efectiva del servicio por parte del público. El peaje supone siempre una inversión previa que es recuperada con posterioridad. Es el precio que se paga para retribuir una obra que antes no existía.  “El peaje no es un pago a cuenta, ni un crédito ni un subsidio, es el pago de una contraprestación real ofrecida.”

SEÑORA GOBERNADORA, LIC. MARÍA EUGENIA VIDAL: “ADMINISTRE BIEN LOS FONDOS QUE RECAUDA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y REASIGNE EN FORMA EFECTIVA LOS QUE SON NECESARIOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE TRANSITABILIDAD LOS DISTINTOS CORREDORES VIALES PROVINCIALES, APLICANDO LOS MÉTODOS ADECUADOS DE FINANCIAMIENTO, LIBRES DE FALSOS PEAJES Y ADUANAS INTERIORES. NO COMETA UN NUEVO GRAVE ERROR EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL. YA BASTANTE DAÑO CAUSAN EL ESCANDALOSO CORREDOR VIAL INTEGRADO DEL ATLÁNTICO (AUTOVIA N° 2 Y RUTA PROVINCIAL N° 11 Y CONEXAS) Y EL TRASPASO DE LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE LA AUTOPISTA LA PLATA – BUENOS AIRES”

EL CONADUV REITERA LA NECESIDAD  DE IMPLEMENTAR UN VERDADERO PROYECTO VIAL QUE CONTEMPLE TODA LA RED CAMINERA DEL PAIS, EXHORTANDO AL GOBIERNO NACIONAL, A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES Y A QUIENES NOS REPRESENTAN, A QUE SE REASIGNEN EN FORMA EFECTIVA LOS RECURSOS PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE, DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES,  QUE SUMA LA CIFRA DE MÁS DE $ 60.000 MILLONES ANUALES, PERMITIENDO ASI EL SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL ARGENTINO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRANSITABILIDAD, SIN ADUANAS INTERIORES, SIN BARREAS Y SIN PAGO DE PEAJES. ES POR ELLO QUE SE RUEGA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES,  A NO LLAMAR A NUEVAS LICITACIONES QUE CONTEMPLEN LA EXISTENCIA DE CABINAS DE COBRO DE PEAJE EN CORREDORES VIALES DE NUESTRO PAÍS.