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Es por enriquecimiento ilícito. Lo planteó el fiscal que investiga el caso. Solicitó nuevas medidas de prueba. Denuncian varios emprendimientos en Necochea y Quequén.

El fiscal Ramiro González, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, pidió reabrir la causa para continuar la investigación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el camarista Eduardo Freiler.

Ya incluyó en su escrito 15 medidas de prueba para validar las nuevas denuncias que recolectó. Recordar que el juez había sobreseído en marzo de este año debido al fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a instancia de González.

Para De Giorgi el incrementó de su patrimonio, entre 2012 y 2014, estaba justificado con su sueldo como camarista.

La solicitud presentada ayer por González fue la consecuencia del informe publicado el domingo pasado en Periodismo Para Todos, en el que se informó que el denunciado había adquirido recientemente el yate «Lady Olive», que de acuerdo al programa estaría valuado en 300 mil dólares.

A su vez, el fiscal también consigna «que se hizo presente un letrado que prestó declaración testimonial en la cual brindó datos que darían cuenta de diversas situaciones irregulares respecto del patrimonio del Dr. Freiler».

Sin identificarlo, este denunciante declaró que «en este último tiempo habría adquirido un yate, una lancha, un balneario que no estaría a nombre de él pero lo usufructuaría en Necochea, un desarrollo comercial en la zona de Quequén, la casa donde vive en la calle Wineberg 2655, Olivos, que por sus características sería difícil que pueda afrontar el costo del alquiler o que quizás sea de él pero esté a nombre de un familiar».

También señala que «en Necochea hay un hotel que podría estar siendo explotado por él. Además, hay dos empresas Operadores Turísticos SRL y Palmares del Este SA, que podrían ser de él».

A estas denuncias, González las considera «hechos nuevos» y las anexa en su escrito con «la denuncia formulada por Elisa Carrió por posibles irregularidades en la administración pública provincial».

Entre las medidas de prueba que solicita que se «requiera al Registro Nacional de Buques la titularidad del yate Lady Olive, matrícula REY 07436 y de otras embarcaciones».

Lo mismo pide al Registro de la Propiedad Inmueble provincial para saber si es dueño de la casona que habita en Olivos.

Tanto a la AFIP como al Consejo de la Magistratura les solicita las declaraciones juradas de 2015.

Con respecto a las nuevas empresas que se le atribuyen a Freire, González pide informes de titularidad a la IGJ, además de pedirle a la AFIP información sobre estos emprendimientos comerciales.

Tanto a la municipalidad de Necochea como a la de Quequén les solicita informen si el juez tiene explotaciones a su nombre.

Ricardo Monner Sans fue quien denunció al magistrado por el inmueble adquirido, según escritura en 2,8 millones de pesos, en 2014, en Olivos, «lo que no correspondería con su valor real, cercano a 1,4 millones de dólares», de acuerdo a la presentación.

Acompañó dicha información con la Declaraciones Juradas de 2012 en la que Freiler informaba «de un patrimonio más austero, de $820.000», aunque detallaba una cantidad de bienes entre los que ya incluía el 50% de dos propiedades, un yate, 12  caballos y diez lotes en La Plata.