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¿Cómo es posible que el dinero lo ponga el Estado Nacional, y una Empresa concesionaria que no invierte un solo peso se limite a cobrar peaje para solventar las costosas estaciones de peaje y su costo operativo?

El Gobierno de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, lanzó el llamado a licitación para construir la autopista y/o autovía que une la Ciudad de Córdoba con la de San Francisco, unos 160 kms., sobre la Ruta Nacional N° 19, con una inversión de $ 7.300 MILLONES, con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A tal efecto, el CONADUV celebra la iniciativa del Gobierno Nacional de comenzar a darle la importancia que merece la infraestructura vial y el hecho concreto de realizar obras de envergadura en la red vial del País.

Sin embargo, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechaza enérgicamente se siga cobrando un falso peaje o impuesto al tránsito y a la circulación  en el corredor en cuestión, si en definitiva es el Estado Nacional el que se hará cargo de financiar las obras.

Cabe señalar, que en la Ruta Nacional N° 19, se abona peaje en tres estaciones desde hace 26 años, y el concesionario no hizo ni un solo kilómetro de camino nuevo, cobrando  a los usuarios viales en una ruta de dominio público, construido con nuestros impuestos y sin alternativas libres de pago,  sólo para mantener las estaciones de peaje.

El CONADUV rechaza las declaraciones del Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Ing. Javier Iguacel, quien manifestó “que con esta obra se logrará reducir el costo de transporte”. Todo lo contrario, continuar con esta inadecuada metodología de financiamiento vial que incluye el falso peaje, nunca se podrá disminuir el costo de transporte.

Es importante destacar, que el Estado Nacional recauda en concepto de Impuesto a los Combustibles más de $ 60.000.000.000.- (pesos sesenta mil millones), monto que es malversado sin control alguno, y desviado a otros fines que no tienen nada que ver para lo cual fue creado.

Es importante señalar que, además,  los usuarios viales aportan tasas y contribuciones en distintas Provincias y localidades, como también el RAE (Recurso de afectación específico) en corredores viales nacionales concesionados y los Accesos a la Capital Federal.

Hasta cuándo seguirá la estafa y la burla a los usuarios viales,  de un régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación, generando verdaderas aduanas interiores y tomando como rehenes a quienes transitan por los distintos caminos de nuestro territorio.

Las concesiones viales nacionales y provinciales, a través del sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, son inconstitucionales por tratarse de rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; antieconómicas e inviables por el bajo caudal de transito; e injustas y discriminatorias por ser corredores abiertos donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo recorrido.

 “El sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido cuando primero se hacen las obras, una vez finalizadas se recupera la inversión a través del cobro de una tarifa razonable de peaje, y con un camino alternativo libre de pago.

En nuestro País, a partir del año 1990, se instaló, tanto a nivel nacional como provincial, un régimen inédito de falso peaje sólo para mantenimiento y a veces ni siquiera eso, en caminos existentes pagados con nuestros impuestos, y sin alternativas libres de pago.”

El CONADUV manifiesta:

– Que ha quedado claramente demostrado, que el sistema implementado de peaje directo con cabinas de cobro en rutas nacionales y provinciales ya existentes y pagadas con nuestros impuestos, ha sido y sigue siendo un verdadero fracaso y una estafa a los usuarios viales, beneficiando únicamente a las empresas concesionarias y generando serios perjuicios sociales y económicos a toda la sociedad en su conjunto originado por el aumento en el costo de transporte.

– Que no es justo que los usuarios de los caminos se hagan cargo a través de falsos peajes, de la malversación y desvío de los fondos viales, sin control alguno, por parte del Estado Nacional.

– Que resulta imperioso reflexionar, que seguir con este régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación, es continuar atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo, asimismo, repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados, representaciones de usuarios y asociaciones vecinales.

– Que las rutas nacionales y provinciales son de poco caudal de tránsito, motivo por el cual, la baja recaudación, hace que su mayor parte se destine a la instalación de las cabinas de peaje y su costo operativo, sin volcarse fondos al camino, haciendo antieconómico e inviable el sistema ilegal e indebidamente impuesto.