Entidades ambientalistas presentaron una demanda judicial para que se ordene al Senasa el nuevo estudio del agrotóxicos, recategorizado el año pasado por la OMS como “probable cancerígeno”. El Senasa ya había rechazado el pedido.
Cuatro organizaciones ambientalistas iniciaron una demanda para lograr que la Justicia ordene al Senasa realizar “análisis de riesgo” de los 400 herbicidas registrados en el país y que tienen glifosato.
Con la acción, representantes de las asociaciones Médicos de Pueblos Fumigados, Madres de Ituzaingó Anexo-Línea Fundadora, Centro de Protección a la Naturaleza y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) esperan iniciar un camino que termine en la prohibición del uso y la comercialización en Argentina del agrotóxico que el año pasado fue recategorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno.
El pedido de las entidades es que el Senasa “ponga en funcionamiento –de manera urgente e inmediata el procedimiento de ‘análisis de riesgos’ de todos los registros autorizados que contengan ‘glifosato’”.
El procedimiento de análisis de riesgo está previsto en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios del Senasa. Fue instituido para “ayudar a la Autoridad Competente” a establecer si se debe evaluar la cancelación o la reclasificación del registro de un producto fitosanitario “cuando los usos autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en las condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como para el ambiente”, señala la Resolución 350/99.
El abogado de Médicos de Pueblos Fumigados, Darío Ávila, detalló que la presentación del pedido judicial es, en realidad, la continuidad de acciones empezadas el año pasado. “Presentamos un juicio ordinario contra el Estado después de haber agotado la vía administrativa, porque el Senasa nos rechazó una presentación similar que hicimos el año pasado”.
En ese momento, las entidades presentaron “436 publicaciones científicas –nacionales e internacionales, de universidades públicas y privadas que dan cuenta del efecto sanitario y ambiental del glifosato”, explicó el abogado, que señaló que ese mismo material acompañó la presentación realizada ante la Justicia Administrativa.
De acuerdo con Médicos de Pueblos Fumigados, en Argentina cada año se fumigan 28.000 hectáreas con 320 millones de litros de glifosato, por “lo que 13 millones de personas están en riesgo de ser afectadas” por el agrotóxicos.
Si se abre el procedimiento por vía judicial, el Senasa deberá informar a las empresas nacionales e internacionales sean titulares de las autorizaciones “para que aporten evidencias propias que demuestren la inocuidad de sus productos”, detalló el abogado.
Ávila también señaló que, “una vez que tiene las dos visiones, el Senasa debe tomar una decisión aceptando o rechazando el pedido de cancelar todas aquellas autorizaciones que hubiera emitido a favor de productos que contengan glifosato”.
El 20 de marzo del año pasado la OMS recategorizó al glifosato como “probable cancerígeno”, luego del dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), que depende del organismo.
La IARC emitió su dictamen tras el trabajo de 17 expertos de 11 países, tras un año de preparación e investigación que incluyó “la revisión de la evidencia científica actualizada disponible”. El 30 de este mes es la fecha límite para que la Comisión Europea decida si le renueva o no el permiso de uso por otros 15 años en el bloque de países. La votación al respecto ya se pospuso en dos oportunidades.
