Desde hace unos años atrás, la criminalización de la protesta social en nuestro país se ha vuelto una modalidad de “orden gubernamental” y ha avanzado notablemente en desmedro de los derechos de los trabajadores y luchadores sociales.
El objetivo de esta herramienta de persecución no es otro que desarticular las organizaciones populares a lo largo y ancho del país. Esta tendencia no es una mera casualidad: va de la mano del ajuste que año tras año padecemos la clase trabajadora y todo el campo popular.
Decenas de compañeros y compañeras han sido criminalizados y puestos en el banquillo de los acusados. Tal es el caso de lo acontecido en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en donde se armaron causas contra Carlos Magno (ex Secretario General de la Regional Sur de ATECH y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma Chubut) y Daniel Murphy (Secretario Gremial de la Regional Sur).
Los dirigentes sindicales fueron notificados de causas por entorpecimiento de transporte, debido a acciones de protesta en la vía pública.
Otro claro ejemplo es el de las compañeras docentes del Centro Educativo Nº8 “Maestras Lucio Lucero” de San Luis, víctimas de una persecución política que terminó con un sumario para cinco de ellas por reclaman durante largo tiempo la instrumentación del acuerdo incumplido por el gobierno de la provincia.
Asimismo, en la Provincia de Santa Cruz, frente al Juzgado Federal N° 1 se iniciaron las audiencias del juicio oral y público a dirigentes y padres de alumnos auto convocados, por un corte de la Ruta N° 20 en el año 2011.
Finalmente, la Justicia Federal absolvió a los cuatro imputados –dos docentes y dos padres auto convocados- por el corte y ratificaron ante quienes estaban en el exterior siguiendo todas las instancias, por lo que quedó claro que se trató de una causa armada y netamente política.
Por otra parte, merecen especial atención los hechos que tienen lugar en Tierra del Fuego, donde se está desarrollando un juicio en el que se pretende condenar a 17 compañeros del sindicato docente y 16 compañeros camioneros que participaron de la protesta realizada en Casa de Gobierno el día 23 de mayo del 2013. Entre los imputados se encuentra el Secretario General de SUTEF y de la CTA provincial, Horacio Catena, sobre quien recaen las mayores acusaciones.
Por esta razón, cuando el objetivo no es otro que condenar quienes luchamos y enfrentamos políticas anti populares de los gobiernos, más que de un abuso del Poder Judicial, estamos en presencia de la manipulación de éste por parte de los poderes concentrados.
Los trabajadores y las trabajadoras debemos aunar fuerzas para enfrentar la criminalización de la protesta social y pelear por el reconocimiento de este derecho. Un reflejo de esto es el caso del dictamen emitido por el fiscal de Cámara de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Martín Lozada, quien sostuvo frente a un caso de su investigación, luego de un extenso análisis constitucional, que el corte de ruta es derecho de expresión.
Por eso desde la CTA Autónoma seguiremos en la calle reclamando por más libertad, democracia e igualdad y por la derogación de la Ley Antiterrorista como estandarte normativo del autoritarismo de Estado con el objetivo de sofocar la protesta social y la lucha por el reconocimiento y cumplimiento de todas las conquistas producto de años de lucha.
No movilizamos en contra del nuevo gobierno sino, entre otras reivindicaciones, en defensa por lo que es nuestro, por salarios dignos, 82% móvil, eliminación del impuesto al salario y porque la lucha por nuestros derechos jamás puedes ser judicializada en democracia.
Noticias relacionadas
